El 92% de la población gitana de nuestro país está en riesgo de pobreza. Este es el alarmante dato del estudio realizado por la Fundación Secretariado Gitano el pasado año. Con un tasa de paro del 52%, la escasa formación dificulta todavía más la ardua labor de encontrar un empleo: solo el 17% tiene el título de la ESO, requisito casi fundamental para acceder al mercado laboral e iniciar así su camino hacia una integración real.

Administraciones públicas, empresas y entidades tienen por delante la difícil tarea de trabajar unidas para que los colectivos más vulnerables completen su integración y el primer paso es sentarse para compartir experiencias de su día a día. Esto es lo que han hecho en el foro “¿Realmente luchamos por la inserción? Dificultades de las personas en situación de exclusión social para reinsertarse de nuevo en la sociedad”, organizado en Ferrol (A Coruña) por El Español y Clece, filial de ACS.

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Moderado por nuestro compañero Miguel Elizondo, reunió a la concejala de Bienestar Social de la ciudad gallega, Eva Martínez; a la responsable de Selección de Personal e Inserción Laboral de Clece en Galicia y Asturias, Flavia González Saura; y a las coordinadoras de empleo de Cáritas y la Fundación Secretariado Gitano en la zona, Marta Pazo y María Mancebo. En primera persona habló Rebeca Montoya, una joven gitana que ha logrado integrarse en el mundo laboral.

“Fue muy difícil al principio porque cobraba una prestación y te la quitan cuando trabajas, por lo que al final tienes el mismo dinero que tendrías quedándote en casa. Estaba muy perdida. No tenía estudios ni formación”. Ahora, gracias al trabajo conjunto de Clece y Secretariado Gitano, y a su propia determinación, Rebeca trabaja en el hospital universitario de Lugo: “Me siento una persona diferente a la que era. Sin trabajo me moriría. Ahora puedo relacionarme, llegar a fin de mes, ser independiente y, sobre todo, darle un buen ejemplo para mi hijo”.

El gran escollo de la descoordinación

De las múltiples piedras que los colectivos en situación de vulnerabilidad se encuentran en su camino hacia la inserción laboral, las expertas no han dudado en subrayar la falta de capacitación y estudios que podrían paliarse mejorando la coordinación entre los mecanismos de formación y empleo que ponen en marcha las administraciones, contemplando las necesidades de las empresas y aprovechando el enorme grado de conocimiento de los perfiles que manejan las entidades sociales.

“Administración, tercer sector y empresa tenemos que funcionar siendo uno. Todos formamos parte de esta sociedad en la que hay personas muy valiosas con serias dificultades”, estima Flavia González. El 13 % de la plantilla de Clece  son personas que estaban en riesgo de exclusión, lo que supone todo un ejemplo de integración a nivel nacional tanto por su política de inserción laboral como por su oferta en prácticas no laborales y su colaboración constante con el tercer sector. Ella mantiene un contacto directo con las entidades, que son las que conocen los perfiles de sus usuarios y saben cuál de ellos encajaría mejor en cada puesto de trabajo. No obstante, formula una crítica a las administraciones considerando que deberían adaptar sus acciones formativas a las demandas del mercado y a las aptitudes de cada persona: “Cáritas y Secretariado Gitano son dos grandes ejemplos de ello”.

Apostar por una formación personalizada

Las responsables de empleo de ambas entidades remarcan las palabras de González. Afirman que los cursos que se ofrecen desde las administraciones no se centran en las potencialidades, intereses y circunstancias de cada persona. Además, inciden en que antes de impartir conocimientos técnicos, es fundamental fomentar la autoestima y reforzar las capacidades personales para ayudarles a sacar el mejor provecho de la formación.

“Nos encontramos con personas en exclusión sin formación y la formación es la clave. Las dificultades que tienen para acceder a ella, y sobre todo a la formación específica dirigida al empleo, es donde debería poner el foco la Administración”, asegura Marta Pazo, ahondando en que las empresas también tendrían que asumir su responsabilidad en ese campo: “Deben formar a sus empleados y ser proactivas”.

María Mancebo añade además que, en el caso concreto de las personas gitanas, la problemática se agrava porque “no tienen referentes” y el absentismo escolar está muy extendido. De hecho, el 63 % de los jóvenes gitanos entre 16 y 29 años ni estudian ni trabajan.

El trabajo de las entidades, confirman las dos técnicas, empieza por contribuir al empoderamiento, para ofrecerles después formación específica y seleccionar perfiles adecuados para cada puesto: “Esto minimizaría el riesgo del fracaso laboral y evitaría en gran medida la frustración y el estigma de estas personas al tener que encajarlo”.

La necesidad de ampliar recursos en la administración

Eva Martínez, como titular de los Servicios Sociales de Ayuntamiento de Ferrol, reconoce que “las limitaciones económicas y de personal dificultan la respuesta de las instituciones públicas” y admite que la burocracia impide actuar con la celeridad deseada en algunos casos. Por eso, acuden a entidades para realizar muchas de las intervenciones más directas, pero remarca el problema de la “cronificación” de situaciones de exclusión e insiste en que “las ayudas sociales y de emergencia, aunque imprescindibles, pueden suponer un freno al deseo de trabajar, por lo que no funcionan si no van acompañadas de políticas de empleo y educación”.

Todas las participantes consideran fundamental que las empresas y las entidades sociales formen parte de los procesos de formación que se promueven desde los organismos públicos para que personas como Rebeca consigan, mediante su inserción en el mundo laboral, ser autónomas y encontrar la felicidad: “Estaba en casa las 24 horas y cuidaba de mi hijo, pero quise cambiar. ¿Qué hacía yo con veintipico años así? Estaba cobrando una prestación, que te lo da todo hecho; pero es mejor trabajar, tener responsabilidades”.