Preocupación entre las eléctricas, gasistas y el duopolio televisivo. La parálisis política y la dificultad para formar Gobierno ponen freno al relevo en la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevista para septiembre. Un procedimiento que hace unos meses era un simple trámite, pero que tras la fallida investidura de Pedro Sánchez, congela la sucesión del presidente del regulador José María Marín Quemada.

El 15 de febrero de este año, Pedro Sánchez anunciaba la convocatoria de Elecciones Generales para el 28 de abril, lo que daba tranquilidad a ciertos sectores empresariales respecto del recambio en la CNMC y sus plazos.

Directivos de la televisión creen que el macroexpediente contra Atresmedia y Mediaset es un empeño personal de Marín Quemada, por lo que consideran su salida podría abrir un nuevo espacio a la negociación frenando la multa contra los dos gigantes audiovisuales.

Pero ha sucedido el peor escenario -o mejor, según se mire-. Sánchez no logró ser investido en julio y no se sabe si volverá intentarlo a finales de septiembre. La única certeza es que por mucho que se apuren los plazos no habrá nuevo Gobierno hasta bien entrado octubre.

Se cumplen seis años de mandato

En esta línea, las fuentes consultadas por este diario, indican que dentro de las prioridades de Moncloa no se encuentra la renovación de organismos y empresas públicas y que prefieren abordar con tranquilidad estos asuntos pese a que los plazos hayan expirado.

En este sentido, no se ve con malos ojos que Quemada siga al frente de la CNMC hasta que se pueda abordar su sucesión de manera reposada para que, del mismo modo, se puedan cerrar los procesos que se mantienen abiertos. Esto significa, que según estas mismas fuentes, es posible que Marín Quemada y su equipo sigan en sus cargos, al menos hasta finales de año

La CNMC, que unificó a los reguladores sectoriales y de competencia, comenzó a funcionar a principios de octubre de 2013, durante el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, con Marín Quemada como presidente.

De esta manera, José María Marín Quemada cumplirá en septiembre seis años al frente del organismo, al igual que la vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros más. Todos ellos deberían ser sustituidos este mes, pero un Gobierno en funciones no puede realizar un relevo de este calado, ya que, entre otras cosas, los nuevos nombramientos deben ser aprobados por las Cortes.

Marín quiere cerrar los expedientes

Una “prórroga” para Marín Quemada y su equipo que es recibida de buen ánimo en la propia CNMC, ya que es el tiempo necesario para que el presidente deje cerrados los principales asuntos que han ocupado la última parte de su mandato.

El principal es el ya citado expediente al duopolio publicitario de Mediaset y Atresmedia. Los plazos originales indican que se debía fallar en agosto -después de 18 meses de instrucción-, pero la solicitud de un acuerdo negociado de los dos afectados, y su posterior rechazo, amplió dos meses más el plazo legal para el fallo.

Esto significa que Quemada tiene hasta octubre para dar su veredicto, y el objetivo es poder comunicarlo bajo su mandato, algo que no podría hacer si se realizase su relevo en septiembre cumpliendo los plazos legales y en el caso de que hubiese Gobierno desde julio.

Una mala noticia para Mediaset y Atresmedia, ya que todas las fuentes apuntan a que está acordado que recibirán una multa histórica de 50 millones de euros cada uno, tras constatarse que vulneraron todas las leyes de competencia impidiendo el acceso al mercado publicitario de terceros actuando de manera coludida.

Mediaset acusó a Quemada de persecución personal, por lo que había cierto optimismo con el retraso de la resolución y el fin del mandato del presidente de la CNMC. Una esperanza que se ha esfumado al constatar que este relevo está paralizado por el fracaso para formar un nuevo Gobierno.

Críticas de eléctricas y gasistas

Una situación similar -aunque no con estos niveles de agresividad- viven las eléctricas y las gasistas. La CNMC logró poner en su contra a todo el sector de la electricidad y el gas, incluyendo empresas, sindicatos y el propio Gobierno, ya que ninguno de los afectados se ha mostrado conforme con la nueva metodología para calcular la tasa de retribución que recibirán las redes de distribución y transporte eléctricas.

Tras un proceso de consulta, la CNMC debe entregar el informe definitivo de las retribuciones, aunque no ha puesto fecha para ello. Un informe que será supervisado por Quemada -ante la imposibilidad de sustituirle- quien en más de una oportunidad se ha mostrado favorable a que se reduzcan las retribuciones de las empresas, para que se aligere la factura del consumidor.

En términos generales, la patronales Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) y Sedigas ponen en duda la rentabilidad del mercado si se aplican los recortes en la retribución propuesta por el regulador y advierten de que se ponen en riesgo las inversiones. Por su parte, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) advierte en estas alegaciones que pueden generar un fuerte impacto tecnológico y medioambiental negativo, además de que pone en riesgo el empleo del sector.

El propio Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado alegaciones al proyecto indicando que "no ha tenido en cuenta la orientación de la política energética relativa a la introducción en la metodología de retribución de un principio de prudencia financiera para los titulares de los activos de transporte y regasificación". Consciente de las discrepancias con el sector, el Ministerio para la Transición Ecológica convocará la Comisión de Cooperación para resolver sus discrepancias con la CNMC. Un proceso que deberá contar con Quemada.