Se trata de que Gobierno y empresas vayan de la mano para tratar de minimizar los impactos negativos del proceso de transición energética. El ministerio que preside Teresa Ribera llevará este viernes al Consejo de Ministros su Estrategia de Transición Justa, que forma parte del paquete de energía y clima en el que el Ejecutivo lleva trabajando los últimos meses y quiere sacar a relucir antes del 28-A.

Así, la Estrategia de Transición Justa llegará a la reunión junto con el Plan Integrado de Energía y Clima (que el Gobierno enviará después a Bruselas) y el anteproyecto de Ley del Cambio Climático. Un paquete que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó este miércoles en un encuentro con empresarios y actores del sector energético. Toda una serie de medidas y propósitos cuya puesta en marcha dependerá, en gran parte, de quién gobierne a partir de abril, pero a los que se aferra el ministerio alegando que son meses de estudios y trabajo "bien hecho".

No obstante, la Estrategia de Transición Justa es algo diferente a sus otros dos compañeros de paquete. "No tiene que tener un desarrollo normativo posterior", explican fuentes del ministerio, que se refieren a este plan a cinco años como un plan para no solo maximizar los beneficios en la actividad y el empleo, sino minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y descarbonización.

En esto, las eléctricas tienen mucho que decir. Tanto es así que este plan del Gobierno contempla, incluido, un plan de acción urgente (este a tres años) para cuencas mineras y zonas donde se van a cerrar centrales térmicas y nucleares. "Las eléctricas que cierran centrales nunca habían pensado quedarse. En estos meses le han dado una vuelta a qué podían instalar", cuentan fuentes del ministerio. Se refieren, por ejemplo, al plan que ha hecho público Endesa por el cierre de la central de carbón de Andorra (Teruel) o al que tiene previsto Naturgy para la central de Meirama (A Coruña).

"Están en eso, y creemos que tienen capacidad. Daría muchísima tranquilidad", insisten desde el ministerio, aunque argumentan: "No vayamos a pensar que van a solucionar el problema, pero ayuda a que la transición sea mucho más ordenada".

Más de 440 millones para minimizar daños

El Ejecutivo insiste en que, con los cambios que se van a introducir, hay que prestar atención no solo a las zonas anteriormente mencionadas, sino a industrias que también van a vivir el 'terremoto' como la del automóvil o la industria electrointensiva. 

De hecho, es el del automóvil uno de los sectores más preocupados por el paquete de energía y clima de Ribera, ya que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recoge la prohibición de matriculación y venta de 'coches fósiles' a partir de 2040. Reconocen desde el ministerio que no tienen todavía un análisis claro de cuál sería el impacto en el sector, pero que tienen previsto trabajar en él. 

Toda una serie de propuestas que el Ejecutivo acompaña de una cifra orientativa: unos 440 millones de euros. Cifra que se dividiría de la siguiente manera: 158 millones de euros a cinco años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, para implementar a partir de junio; 134 millones procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados para dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de cinco años; y otra partida 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de tres años.

Unas propuestas que, de momento, son un borrador que a partir de este viernes iniciará su periodo consulta pública. En este sentido, y con presupuestos prorrogados, el Gobierno que salga en abril tendrá que decidir si sigue adelante o no con este plan.