Nuevo giro de guión en el escándalo del Castor. Escal UGS, compañía titular del almacén submarino de gas, presentó el pasado miércoles 20 de febrero ante el Ministerio de la Transición Ecológica un informe que tumba los argumentos de la versión oficial que permitió su cierre.

El nuevo documento defiende que la tesis principal mantenida por el informe empleado por el Gobierno contiene "inconsistencias y debe ser refutada". El texto aseguraba que la sismicidad producida tras el llenado del almacén de gas tuvo su origen en la gran falla de Amposta, frente a Tarragona, algo que ahora quedaría en entredicho. 

Asimismo, considera que el informe contradice las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto. En el informe de Escal UGS se manifiesta que el informe Juanes es erróneo y descuidado por lo que los resultados principales son inconsistentes, contradictorios e incompatibles y, por tanto, lo invalidan.

No solo eso, según el informe presentado por Escal, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor “no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard”. 

Escal UGS considera que las conclusiones del informe Juanes deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas. A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa.

Según ha podido saber este medio, durante los próximos 10 días el Ministerio de la Transición Ecológica deberá pronunciarse.

Judicialización del proceso

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, auguró hace unas semanas que las reclamaciones planteadas por diferentes entidades financieras por sus aportaciones al almacén Castor, que el Gobierno tiene previsto clausurar definitivamente, acabarán "judicializadas". 

"Dada la complejidad jurídica, con una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo y las dificultades para poder abordar la recuperación de todo aquello, sospecho que (las demandas) acabarán judicializadas", defendió Ribera, al ser preguntada por los periodistas sobre si el Gobierno prevé dar algún paso para llegar a un acuerdo sobre estas reclamaciones.

Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del Castor después de que el Ejecutivo haya llegado a la conclusión de que ya no es necesario.