Mañana se reanuda el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con la declaración del que fuera vicepresidente de la entidad y presidente de Bancaja, José Luis Olivas, una vez concluido el interrogatorio al expresidente Rodrigo Rato.

Rato y Olivas son, junto con el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el "número dos" de Rato, Francisco Verdú, los únicos a los que acusa la Fiscalía -por un delito de estafa a inversores-, aunque en la apertura del juicio se reservó la posibilidad de añadir el de falsedad contable. El ministerio público pide cinco años de prisión para Rato, cuatro para Olivas, tres para Norniella y dos años y siete meses para Verdú.

En su escrito, Anticorrupción sostenía que los cuatro ocultaron que el negocio de Bankia no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios, aunque señalaba que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador".

INTERRUPCIONES EN EL PROCESO

Hasta ahora el juicio se ha desarrollado a trompicones, ya que tras comenzar el pasado 26 de noviembre se interrumpió en Navidades y en enero tuvo que suspenderse de nuevo durante cuatro semanas por enfermedad de la fiscal Carmen Launa, que dejó a medias el interrogatorio de Rato, que retomó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el 4 de febrero.

Tras el parón, Olivas será mañana el primero en declarar, tras haber asegurado en distintas ocasiones que actuó "en todo momento amparado por el principio de confianza en la labor de los escalones previos".

Olivas ya fue condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública, y a una multa de 151.800 euros, tras emitir, a través de su empresa Imarol SL, una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento.

Asimismo, tiene otro frente judicial abierto, ya que está procesado en la causa por una presunta operativa de desfalco a través de préstamos de Bancaja y Banco de Valencia al proyecto Grand Coral en México, que generó un supuesto perjuicio de 750 millones de euros.