El sector de las VTC está dispuesto a plantar batalla contra el decreto de Fomento que busca limitar su actividad en las calles. El próximo día 30 termina el plazo para presentar reclamaciones contra la norma aprobada por el Ejecutivo ante la Dirección General de Transporte Terrestre, y parece que va a tener mucho trabajo. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del sector, el objetivo es conseguir que las 12.630 licencias que hay expedidas presenten sus alegaciones contra la normativa. Para ello, la patronal Unauto habría puesto a disposición de todas las empresas y autónomos sus servicios jurídicos. 

“El objetivo es que no quede ni una sola VTC” sin reclamar contra el decretazo. Así que en los próximos días se va a intensificar el trabajo. En este momento, según las fuentes consultadas, hay preparadas o presentadas cerca de 6.000 reclamaciones, y se espera conseguir el objetivo de alcanzar el 100% de las autorizaciones.

La actitud de Fomento es un atropello

Una vez presentados los recursos habrá que esperar la respuesta por parte de la Dirección General de Transportes. En caso de que sean contrarios a los intereses de las VTC, el sector ya avisa de que librarán la batalla y llegarán donde sea necesario.

Las fuentes consultadas explican que habrá recursos contencioso - administrativos y, si hace falta, se llevará hasta el Tribunal Supremo o el Constitucional, en función de la vía escogida para reclamar sus derechos. 

“Lo que intenta Fomento es un atropello” explica un alto representante de las VTC, quien insiste en la necesidad de proteger sus intereses. Recuerda que, si finalmente la Justicia les da la razón, la administración pública se enfrenta a indemnizaciones por 4.000 millones de euros, según cálculos de EY para la patronal Unauto que adelantó EL ESPAÑOL. 

Todos los recursos que se han presentado, y los que se van a presentar, van contra Fomento; pero desde las VTC recuerdan que si alguna Comunidad Autónoma o Ayuntamiento empieza a regular en su contra también tomarán las medidas que sean necesarias.

Aviso a Comunidades y Ayuntamientos

“La nueva normativa aprobada sobre las VTC por el Gobierno central establece que si una región introduce restricciones deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector", señalaba esta semana la patronal en un comunicado. 

Toda una advertencia contra la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona (que son los que más avanzadas llevan estas normativas). Pero también contra el de Madrid, que se encuentra en fase de consulta pública para pedir a los implicados sus ideas sobre la forma en la que deben abordar la regulación de coches de Uber y Cabify. 

En paralelo al proceso de reclamaciones, el sector se prepara también la solicitud de moratoria que contempla el decreto. La norma dice que las licencias actualmente en marcha tienen cuatro años como período de indemnización en los que podrán trabajar sin tener que solicitar una licencia urbana. Sin embargo, otorga la posibilidad de que tengan otros dos más si justifican que el tiempo otorgado por el Gobierno no es suficiente. 

La moratoria de dos años 

Fuentes conocedoras de la situación explican a este medio que el objetivo es el mismo que el de las reclamaciones. La mayor parte de las licencias VTC que operan en este momento van a solicitar esa ‘medida de gracia’, para lo que también se está preparando ya toda la documentación necesaria. 

El plazo para solicitar ese medida concluye también el 30 de diciembre para las licencias que ya están concedidas. De hecho, según ha podido constatar este periódico, las gestorías que trabajan con el sector están enviando e-mails “urgentes” para que les remitan toda la documentación necesaria. 

Entre los documentos a entregar están los justificantes de la inversión realizada (las facturas de la compra de la licencia y del vehículo); copia de la tarjeta de transportes; justificante de ingresos y gastos por cada una de las licencias. 

El tiempo corre, y entretanto en el Congreso de los Diputados se ultiman las enmiendas que los distintos partidos políticos quieren añadir al decreto que regula la actividad de Uber y Cabify en las calles.