Son parte del ajetreado ritmo en las principales arterias de Madrid. También es habitual verlos en Barcelona, Valencia o Sevilla. Jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que se suben a una bicicleta con una enorme mochila para entregar un pedido a domicilio.

La rapidez es una obsesión para las diferentes empresas de paquetería y mercancías que cohabitan en el ecosistema de la venta por Internet que tanto está creciendo. Por eso, la bicicleta se ha convertido en la principal baza para las empresas de la llamada economía colaborativa. 

Para sumarse a las filas de Glovo, Uber Eats, Deliveroo o Amazon Flex sólo hace falta tener una bici. Un coste bajo para el futuro 'rider'. Y su rapidez para moverse por el centro de las principales ciudades españolas ha convertido a la 'bici' en el vehículo favorito para completar las entregas. 

Con este modelo de negocio la bicicleta deja de ser un medio de transporte y pasa a ser, además, medio de trabajo. Este cambio en la manera de entender la movilidad ha hecho necesario también un replanteamiento de las ordenanzas municipales para resolver los problemas de 'convivencia' entre vehículos y ciudadanos que está causando esta nueva tendencia. 

Así, tras meses de tira y afloja y varios borradores, Madrid ha presentado la Nueva Ordenanza de Movilidad en la que el consistorio de Manuela Carmena da una nueva relevancia a la bicicleta.

Una de las claves del nuevo texto que permite la utilización del servicio público de bicicletas con fines económicos. Es decir, coger una bicicleta de 'BiciMad' con fines lucrativos. 

Las principales agrupaciones y patronales de las empresas de logística enviaron un escrito para tratar de impedir que esta medida tomara forma, pero el consistorio no ha cedido y la nueva ordenanza permite a los 'rider' de estas empresas privadas usar bicicletas públicas para hacer sus repartos.

Ley ‘Anti Glovo’

Desde estos organismos se pedía la prohibición del uso de las bicicletas para el transporte de paquetería, objetos, comida o cualquier otro bien para su entrega a domicilio, tanto si era utilizado por una empresa de forma directa como a través de intermediario y por cualquier vía de contratación (tradicional, digital o telemática).

El principal motivo por el que se pedía esta prohibición era el de “impedir que el servicio de uso de la bicicleta que contiene un carácter público de interés general, sea fraudulentamente usado en un claro interés privado para cubrir los servicios que con sus propios recursos deberían sostener las empresas de intermediación digital de reparto a domicilio”.

Pero el consistorio de Carmena no ha aceptado las peticiones del sector de la logística y la bicicleta podrá utilizarse para estos fines, tal y como se refleja en la Nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid.

La nueva norma municipal marca las condiciones de regulación del servicio de 'Bicimad' y restringe su uso a las vías urbanas de Madrid. En uno de los artículos establece, de forma concreta, que "se permitirá el uso económico de las bicicletas de BiciMad -por ejemplo, para el transporte de mercancía- si bien no se asegurará ninguna carga transportada”. 

Hasta ahora, la ordenanza municipal prohibía explícitamente este uso. "La bicicleta se usará exclusivamente para el transporte del usuario, no pudiendo transportar a otras personas, animales o mercancías. Tampoco podrán utilizarse la bicicleta, ni la estación, para fines comerciales", rezaba el texto de la antigua norma.

El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte, también se compromete a instalar nuevos puntos de anclaje de las bicicletas. “En aras de favorecer el transporte multimodal y la movilidad sostenible, se recoge la implantación de estaciones BiciMad en las inmediaciones de áreas intermodales”.

Una empresa rescatada

El servicio de 'BiciMad' tiene sus luces y sombras desde que aterrizó en Madrid bajo el mandato de Ana Botella en 2014. En un principio, el servicio era privado. La adjudicación se la llevó Bonopark y estimó el coste de la cesión al Ayuntamiento en 16,7 millones de euros. Esta oferta no fue del agrado del consistorio, dirigido ya por Manuela Carmena, que cuantificó el servicio en 10,5 millones de euros. La compañía no aceptó la rebaja y el servicio pasó a manos del Ayuntamiento en septiembre de 2016.

Durante los primeros años de servicio, Bonopark hizo constatar que la gestión, y por tanto su adjudicación, era ruinosa debido a los actos vandálicos diarios que le costaban alrededor de 254 mil euros al año en reparaciones. Fue entonces cuando la empresa cambió de dueños y pasó a ser manos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Carmena ha tenido que hacer frente a una demanda interpuesta por el Partido Popular de Madrid. Dicha formación se querelló hace unos meses contra la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al considerar que hubo malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio por el que el Consistorio adquirió el servicio.