"La JUR confirma que el valorador independiente del caso Banco Popular Español (BPE), Deloitte, ha proporcionado el informe final de 'Valoración 3'(...) Tras recibir el informe, la JUR está preparando su decisión", indicó el organismo europeo en un comunicado.

La JUR, que ordenó la resolución del Popular en junio de 2017, prevé publicar una versión no confidencial (suprimiendo los datos sensibles) del informe remitido por Deloitte en verano.

En base a esta evaluación, el organismo que preside la alemana Elke König debe decidir si los clientes que perdieron su inversión en la operación -por la que se vendió el Popular al Banco Santander por un euro y se amortizaron a cero acciones y deuda subordinada- tienen derecho a ser compensados económicamente por las pérdidas.

Este sería el caso si Deloitte ha determinado que hubieran salido mejor parados con un procedimiento de insolvencia ordinario.

Antes de tomar una decisión definitiva, el organismo debe antes respetar una "serie de etapas procesales" entre las que se cuenta conceder el derecho de audiencia a los afectados, indicó la JUR.

Para ello invitará en las próximas semanas a que los accionistas y acreedores afectados se registren para proporcionar sus comentarios y, posteriormente, aquellos que se hayan registrado podrán acceder al informe para presentar sus opiniones por escrito.

La JUR anunciará el calendario concreto con las etapas y plazos previstos a mediados de julio y "poco después" publicará su propuesta de decisión y una versión no confidencial del informe valoración.

Este informe, denominado de "Valoración 3" es el último paso pendiente tras la resolución de la entidad, después de que la JUR ya publicase versiones no confidenciales de los informes de valoración que realizaron la propia institución y Deloitte para decidir si resolver la entidad o no, y del Plan de Resolución de 2016 del Grupo Banco Popular.

Los afectados por la decisión, que la han recurrido masivamente ante los tribunales europeos y españoles, consideran este documento fundamental para defender sus casos ante la justicia y conocer si, como argumenta la JUR, la resolución era la mejor salida para la entidad.

El organismo europeo siempre ha defendido que la operación fue un éxito puesto que permitió abrir el banco al día siguiente, se protegieron los depósitos y no costó un céntimo a los contribuyentes.