Ferrovial ha nombrado a Fidel López Soria nuevo consejero delegado de su división de Servicios en sustitución de Santiago Olivares, quien ocupaba el puesto desde hacía once años y deja la compañía para emprender nuevos proyectos profesionales.

El nuevo primer ejecutivo de Ferrovial Servicios es un profesional de la casa. Se incorporó a la empresa hace una década y en los últimos años ha dirigido la compra de la firma australiana Broadspectrum y su integración en el grupo.

La compañía que preside Rafael de Pino se garantiza una transición ordenada en su primera filial por ingresos, dado que Olivares y López trabajarán juntos aún unos meses antes de la marcha del actual consejero delegado.

El nuevo primer ejecutivo de Ferrovial Servicios ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la compañía, tanto en aeropuertos como en servicios.

Ingeniero de Minas y MBA por la MIT-Sloan School of Management, con anterioridad a Ferrovial Fidel López Soria trabajó para la consultora McKinsey y la energética italiana Enel.

De su lado, Olivares deja Ferrovial tras una trayectoria de 16 años en la compañía, los últimos once liderando el negocio de Servicios.

En esta etapa, la filial, que tiene en Reino Unido su principal mercado, ha experimentado una extensa internacionalización en la figuran compras de compañías en el propio mercado británico y la mencionada de Australia.

Primer negocio del grupo 

En la actualidad, Servicios es la primera división de Ferrovial por ingresos, por delante de la tradicional actividad constructora.

En concreto, Ferrovial Servicios reportó al grupo ingresos de 7.069 millones de euros el pasado y un resultado bruto de explotación de 423 millones. En la actualidad, cuenta con una cartera de contratos que aseguran ingresos futuros de 20.918 millones de euros.

No obstante, de esta división depende también el contrato de servicios con la ciudad de Birmingham que ha llevado a Ferrovial a registrar 'números rojos' en el primer trimestre de este año.

La empresa ha contabilizado una provisión de 237 millones ante el contencioso que mantiene con la ciudad sobre las inversiones asociadas al contrato.