El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, admitía el pasado 10 de abril en el Congreso que fue un error no nacionalizar el Banco Popular en 2012, como se hizo con Bankia, dejando entrever que la delicada situación de la entidad no venía solo de la fuga de depósitos sufrida en su último año de vida, sino de una más que delicada situación de solvencia.

Aquel año fue en el que Oliver Wyman examinó a la banca española, detectando unas necesidades para el Popular de 3.200 millones de euros, que la entidad presidida por Ángel Ron cubrió en parte con una ampliación de capital de 2.500 millones.

Pues bien, tres bufetes de abogados trabajan conjuntamente con una consultora para averiguar si Popular ocultó debilidad en sus cuentas de aquel año. Los tres han recibido ya el primer borrador del documento, que cubre un minucioso análisis de la evolución de la entidad desde antes de 2012, y ahora están en fase de análisis y de realización de comentarios. ¿En cuestión de 10 o 15 días tendremos el segundo borrador, que podría ser el definitivo¿, explican desde Rúa Abogados, uno de los despachos que trabaja en el proceso.

Para ellos, lo esencial es acreditar que los resultados financieros de 2012 del Popular eran erróneos. ¿El auditor es muy conservador y la clave estará en ver hasta dónde podemos demostrar que las cuentas sobre las que se basó la ampliación de capital no eran adecuadas¿, explican desde el despacho, donde aseguran que, basándose en el primer informe, habría elementos suficientes para sostener sus demandas.

Desde la firma insisten en que el proceso es complicado técnicamente, ¿porque hay varios supuestos para las reclamaciones¿. Explican que, por ejemplo, ¿no se puede manejar el mismo escenario jurídico para alguien que comprase en el mercado primario, que puede conseguir que se anule la compra de acciones, que en el secundario, donde esto no sucede y habría que pedir daños y perjuicios¿.

La clave estará en ver qué parte del quebranto corresponde a unas cuentas erróneas y qué parte a factores externos como el impacto de la evolución macroeconómica en la situación financiera del Popular.

A partir de ahí, la maquinaria jurídica se pondría en marcha de nuevo, esta vez con los despachos siguiendo sus propias estrategias. Uno de ellos apostará por una demanda colectiva, mientras que desde Rúa Abogados apostarán por demandas civiles individuales, que amenazan con colapsar unos juzgados ya de por sí desbordados por la avalancha de reclamaciones en el caso.

¿Cada día nos entran entre 10 y 20 personas que quieren reclamar las pérdidas de su inversión en Popular¿, aseguran desde el bufete, que actualmente representa a cerca de 4.000 afectados por la resolución del banco.