Todos ellos eran investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un supuesto delito de administración desleal.

Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo.

La causa fue promovida por IU, Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta (IzAb), que se personaron como acusaciones particulares, si bien no es respaldada por las entidades resultantes de al extinta caja de ahorros -Caja EspañaDuero y Unicaja- ni por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al no sentirse perjudicados.

El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, ha declarado a Efe tras conocer el sobreseimiento de las actuaciones que presentarán recurso.

Aunque el auto del juzgado considera prescrito el delito al haber pasado más de cuatro de la que fecha en que supuestamente se cometió, el letrado de IU considera que se han producido diversas dilaciones en el caso que "interrumpen dicha prescripción".

"Estudiaremos a fondo el auto con el fin de presentar un recurso fundamentado y con posibilidades de prosperar", ha apostillado.

Eran investigados en esta causa los consejeros que participaron en la reunión del 8 de enero de 2009 del consejo de administración de Caja España, en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones.

Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investigaba si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.

El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados.

En su comparecencia ente el juez, los exconsejeros que accedieron a declarar, todos ellos nombrados a propuesta del PSOE, negaron las acusación y afirmaron que siempre buscaron lo mejor para la entidad financiera y todas las decisiones siguieron criterios técnicos basados en la legalidad.

La persona con mayor perfil técnico de los que se sentaba en aquel consejo de administración era el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid Zenón Jiménez-Ridruejo, quien aseguró ante el juez que los créditos concedidos al empresario de la construcción Santos Llamas estuvieron "bien fundamentados", al igual que los que otorgaron a otras compañías del sector.

Tras prestar declaración, Jiménez-Ridruejo explicó que "no puede haber deslealtad con una entidad cuando se han estudiado a fondo todos los informes".

"Las alternativas estaban muy claras y si no aprobábamos las renovaciones de créditos de todos los grupos inmobiliarios, y para mi el Santos Llamas era uno más, la consecuencia era que Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y haber entrado en concurso de acreedores", advirtió el pasado 20 de febrero el catedrático.

Respecto a los informes contrarios de los peritos del Banco de España, Jiménez-Rriduejo precisó que "la verdad no existe en economía" y que "todo es cuestión de opinión". EFECOM

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