El caso Popular sigue su avance en los tribunales. Ahora, un grupo de grandes fondos tenedores de bonos del Popular se ha personado en la investigación penal que lleva a cabo la Audiencia Nacional contra la entidad financiera. En ella también se encuentran implicados los dos expresidentes -Ángel Ron y Emilio Saracho-, los miembros del antiguo Consejo de Administración y la auditoria PwC. 

Una causa en la que se está investigando un presunto delito de falsedad contable de estados financieros, fraude a los inversores, manipulación del mercado y un posible abuso de información privilegiada. 

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El objetivo de los fondos es el de "estar informados y colaborar en la investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso", explica Richard East, socio principal de Quinn Emanuel, el bufete de abogados que representa a los fondos. 

El grupo de fondos tenedores de bonos está encabezado por Pimco, pero también se encuentran Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital, que poseían buena parte de este tipo de instrumentos emitidos por el Banco Popular. 

La decisión se adopta horas antes de que venza el plazo que se dio la Junta Única de Resolución (JUR) para publicar el informe Deloitte. Un documento en el que se contemplaban las valoraciones para el Banco Popular, y que servía de guía a los organismos europeos ante la venta de la entidad. 

Finalmente se impuso la oferta lanzada por el Santander, 1 euro más una recapitalización de 7.000 millones de euros. Venta que se hizo el pasado verano, y que supone una decisión ante la que los grandes fondos han presentado ya recurso de impugnación por la decisión adoptada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).