El director general del FROB, Jaime Ponce, ha recordado hoy durante su intervención en la Comisión del Congreso sobre la crisis que la institución inyectó 56.545 millones al sector, pero además ha desvelado que se han gastado 1.648 millones más durante el proceso de reestructuración, lo que eleva la cifra a 58.193 millones.

De esa cantidad, con la venta directa de entidades se recuperaron 5.911 millones de euros, a los que hay que sumar 2.122 millones por la colocación de participaciones de Bankia entre inversores y otros 535 millones por el pago de dividendos de esta misma cantidad.

En total, 8.568 millones que de alguna u otra manera han retornado al erario público, y que suponen el 14,7 % del importe total dedicado al saneamiento del sector, aunque el Estado calcula que puede tener que asumir unos 2.500 millones más por las garantías concedidas a algunos bancos que se hicieron con entidades débiles.

Aún así, el máximo responsable del FROB ha considerado que, con la perspectiva del tiempo, el rescate financiero que solicitó España en el verano de 2012 para sanear la banca fue "la mejor de las opciones y, probablemente, la única de las alternativas admisibles".

"Lamentablemente, sólo la movilización del dinero de los ciudadanos podía lograr el objetivo estabilizador (del sector financiero) y evitar la quiebra del sistema en su conjunto", después de la enorme desconfianza generada por la situación de Bankia, que llevaba ya casi un año en Bolsa.

Sobre la caída de esta entidad y su multimillonario rescate, el exsubgobernador del Banco de España y exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, ha asegurado en la misma Comisión que el desenlace de Bankia "no era fácilmente anticipable" y ha justificado que no había razones para impedir el debut bursátil de la entidad.

"Ni el marco normativo vigente, ni el folleto de Bankia hubieran permitido justificar una oposición de la CNMV, que cumplió de forma profesional su gestión", ha incidido, para después insistir en que desconocía si hubo presiones políticas a los supervisores, aunque ello no quiere decir que no existieran.

Durante una descripción de los hechos sin ninguna autocrítica, Restoy defendió la actuación del Banco de España durante la crisis y los años previos, porque no tenía instrumentos legales para frenar la burbuja inmobiliaria, y también la de la CNMV con las polémicas participaciones preferentes.

La CNMV no tenía capacidad para prohibir la emisión de este tipo de productos híbridos, ha añadido, pero incluyó advertencias en los folletos y prohibió su reventa.

Como en ocasiones anteriores, los diputados que forman parte de esta comisión se interesaron por la venta del Banco Popular al Banco Santander por el precio simbólico de un euro y el director gerente del FROB se esforzó por explicar lo sucedido.

Ponce apoyó la resolución de la entidad ideada desde Europa, aunque pidió aprender lecciones de este episodio y mejorar algunos aspectos, por ejemplo, para la provisión de liquidez a entidades en apuros o una simplificación de los procesos concursales.

La Junta Única de Resolución cumplió con el mandato institucional asignado, logró gestionar la situación de inviabilidad del Banco Popular protegiendo la estabilidad del sistema, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo continua operativa a todos los clientes y evitando el uso de recursos públicos, ha resumido.

Además, después de que la presidenta de esta comisión parlamentaria, Ana Oramas, afeara recientemente a la presidenta de la JUR, Elke König, por no aportar más información y tratar al Parlamento español como si fuera un despacho de abogados, Ponce ha echado un capote a la alemana.

En este sentido, ha asegurado que es voluntad de la JUR hacer llegar por escrito a la comisión tan pronto como esté concluida la versión editada del informe provisional encargado a Deloitte sobre Popular que inicialmente König invitó a consultar en la web.