Además, ha remitido una copia del escrito de denuncia al Oficial de Ética y Cumplimiento de la JUR y a la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Comisión Europea (DG FISMA).

El artículo 2 de la decisión de la JUR relativa a Popular dice que el banco fue resuelto por un problema de liquidez, pero no de solvencia. "Este problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico generalizado que llevó a Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos", ha apuntado el despacho.

El bufete recuerda que König hizo unas declaraciones en televisión sobre que la JUR estaba supervisando la entidad el 23 de mayo de este año, tras lo cual, ocho días después, "se filtró a través de la agencia Reuters que la JUR podría resolver Popular de manera inminente". Según el despacho, "las filtraciones presuntamente continuaron, de manera que las administraciones españolas retiraron miles de millones de euros en depósitos de Popular".

En este sentido, el Reglamento 806/2014, de 15 de julio de 2014, dispone que a los miembros de la JUR "les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesionales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de resolución".

Este Reglamento señala también que "debe presumirse que cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se reúnen o no las condiciones para la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o sobre cualquier medida del procedimiento, repercute en los intereses públicos y privados afectados por la medida. De hecho, la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en este".

Además, el despacho considera que la JUR está incumpliendo sus deberes de entregar el expediente administrativo de la resolución del banco a los accionistas y bonistas afectados por la misma, una situación contraria al mismo Reglamento.

INVESTIGACIÓN SOBRE KÖNIG

En la denuncia se solicita que se inicie una investigación contra König y se le apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes, según ha explicado el despacho.

La presidenta de la JUR fue nombrada por el Consejo de Europa el 16 de diciembre de 2014 por un período de tres años, renovable por cinco años adicionales.

"A la luz de la actuación de Elke König en la resolución de Popular, difícilmente puede justificarse su eventual renovación en el cargo por cinco años más", considera B. Cremades & Asociados. En todo caso, se ha solicitado la suspensión de la presidenta de la JUR.

Tal vez la decisión sobre esta demanda de Cremades & Asociados se conozca antes del próximo 11 de diciembre, fecha en que la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, ha solicitado la intervención de König para explicar el proceso de resolución del Popular. La funcionaria ha negado en varias ocasiones la entrega del misterioso informe de Deloitte con el que se decidió la resolución del Popular.

Sin embargo, ahora, y si se aprueban las demandas contra ella, tal vez su ánimo sea más enfocado a la colaboración que al discurso de ¿todo se hizo correctamente¿ que la funcionaria ha defendido desde la liquidación de la entidad.