Desde el pasado 1-O son ya más de 1.300 las empresas que han abandonado Cataluña. Se trata de cambios de domicilio social y fiscal, que permite garantizar la seguridad jurídica del negocio. Sin embargo, si la situación continúa empeorando esas mismas compañías podrían ir avanzando, progresivamente, en una segunda parte de su retirada.

Se trata del traslado de los principales centros de decisión (comités de dirección, juntas directivas, direcciones críticas como la financiera, entre otras) o infraestructuras críticas corporativas, con el objetivo de mitigar riesgos que puedan afectar al negocio. Es el caso, por ejemplo, de los centros de datos de las entidades financieras; o de los servicios administrativos de las grandes compañías.

La seguridad del negocio

De lo que se trata es de reducir la exposición a una Cataluña independiente; pero también de mitigar el impacto de una radicalizacion callejera. En definitiva, se buscaría garantizar los ‘procesos vitales’, evitando riesgos de cambios normativos o un aumento de la violencia callejera.

Banco Sabadell podría ser un ejemplo de ello. Según explican fuentes financieras, el consejo de administración de este jueves podría analizar -además de las cuentas del tercer trimestre- el traslado de la presidencia del banco y de algunos de sus principales directivos a Madrid.  

Lo que se pretende, en este caso, es enviar un mensaje a los mercados de que la toma de decisiones -más allá del consejo de administración- también está en una zona en la que no existe ningún tipo de inestabilidad. 

Un ejemplo que podría cundir en el resto de grandes compañías, explican fuentes financieras. Especialmente en aquellas empresas que cuentan con grandes centros críticos de procesamiento y almacenamiento de datos. En definitiva, a las partes que están más expuestas a la región. Algo que afectaría a bancos, aseguradoras  y empresas de casi todos los sectores.

La calificación

El objetivo de las compañías es mantener la seguridad del negocio, pero también -en el caso de las corporaciones más grandes- de mantener las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating.

Basta con mirar el último informe de Moody’s. En él la agencia de calificación recuerda que cualquier empresa que sea calificada y esté basada en Cataluña, podría ver recortada su nota ya que la región -si hubiera independencia- quedaría con una nota de bono especulativo y sin el respaldo del Gobierno de España.

Lo mismo podría ocurrir, dice Moody’s, “aunque se trasladaran, ya que su exposición a Cataluña podría tener implicaciones negativas”. Especialmente por las tensiones económicas, políticas y regulatorias que se podrían generar si hubiera un proceso de independencia.

Esto, por tanto, afectaría a casi cualquier compañía. Aunque es verdad que de las 34 empresas que cuentan con exposición a la región y que están calificadas, tan sólo cinco generan más del diez por ciento de sus ingresos en Cataluña.

Adif y Aena

Pero la preocupación aumenta cuando se habla de grandes negocios regulados cuya actividad no puede trasladarse. Es el caso, por ejemplo, de las infraestructuras.

Empresas como Adif o AENA se pueden ver muy perjudicadas. Aeropuertos o líneas férreas podrían ser expropiados, o verse sometidos a importantes cambios legislativos, lo que afectaría negativamente a sus matrices.

Asistimos, por tanto, a un proceso que será lento y costoso, pero que podría terminar dejando reducida a la mínima expresión el volumen de negocio de compañías que, hasta ahora, tenían el core en Cataluña.