Urbas, la histórica inmobiliaria alcarreña presidida por Juan Antonio Ibáñez, anda en el ojo del huracán. Tanto Ibáñez como el resto de consejeros que administraban la sociedad en julio de 2015, han empezado a recibir las citaciones del juez Fernando Andreu, titular del juzgado 4 de la Audiencia Nacional, para ser informados de las diligencias previas que se siguen por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, según ha confirmado a EL ESPAÑOL el consejero Ignacio Alonso-Villalobos.

La fiscalía interpuso la querella tras apreciar la existencia de un presunto delito de estafa, delitos relativos al mercado y a los consumidores y delito societario de administración desleal, en el marco de la ampliación de capital llevada a cabo en julio de 2015. Como consecuencia de esta investigación, el pasado 13 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización bursátil en el Mercado Continuo.

Ampliación con total transparencia

Desde la empresa muestran su extrañeza. El propio Alonso-Villalobos, en quien ha delegado Ibáñez para ejercer de portavoz de Urbas en esta crisis al no estar implicado en la investigación -fue nombrado consejero en julio de 2016-, echa balones fuera.

“Aquella ampliación por aportación de activos inmobiliarios se hizo con total transparencia. Además, se incluyó, por imposición del Registro Mercantil, el informe de Grant Thornton como experto independiente en la valoración de activos”, comenta el consejero.

Respecto al hecho de que más de 2 años después los 30.759 millones de acciones nuevas de Urbas de aquella ampliación, valoradas en 385 millones de euros, sigan sin cotizar, Alonso-Villalobos lo justifica, simple y llanamente, “porque no se han necesitado. Fueron activos aportados en un 98% por los accionistas mayoritarios, que no han creído conveniente que esas acciones cotizaran”.

Los minoritarios ponen el grito en el cielo

Los accionistas minoritarios -que aportaron algunos activos y fueron parcialmente compensados- no lo ven tan claro, y se han apresurado a expresar su indignación a través de foros en Internet, al entender que aquella operación, de integración de los activos de Aldira en Urbas, se realizó con una clara sobrevaloración.

El juez Andreu deberá ahora deslindar si esa sobrevaloración existió y si se realizó para asignar unos cupos de nuevas acciones, superiores a los que deberían de haberles correspondido por esos mismos activos a los propietarios de los mismos, fundamentalmente los principales accionistas que actualmente controlan Urbas a través de Aldira, la instrumental creada para este proceso. A saber, el presidente y consejero delegado Juan Antonio Ibáñez y el consejero Juan Antonio Acedo.

Actividad a medio gas

En medio de este berenjenal societario, Urbas trata de salir adelante en su actividad inmobiliaria, aunque de momento pintan bastos. “Por lo menos hemos logrado superar la crisis y no quebrar como les ha pasado a otros”, salía al paso Alonso-Villalobos, ante la evidencia de unas cuentas cerradas en 2016 con un volumen de negocio de apenas 7 millones de euros, y unas deudas financieras de más de 130 millones.

Cuentas que obligaban al auditor Baker Tilly a introducir un párrafo de énfasis en su informe del pasado 27 de abril, para apuntar que, tras verificar la existencia de un fondo de maniobra negativo de 32,3 millones y unas deudas vencidas de 90 millones, existían “circunstancias indicativas de una incertidumbre sobre la capacidad de Urbas para realizar sus activos y liquidar sus pasivos. En ese sentido, señala el auditor que “la continuidad de la empresa dependerá del cierre exitoso de las negociaciones para la reestructuración de la deuda”.

Respecto al valor razonable de sus activos -el tema de fondo sobre el que trata la querella de la fiscalía-, la empresa auditora cree que, al estar basadas esas valoraciones en estimaciones sobre flujos de caja futuros, rentabilidades esperadas y otras variables de negocio, en el corto plazo “se podría producir la necesidad de realizar activos inmobiliarios que pondría de manifiesto variaciones de esas valoraciones”.

Proyecto en Cuba cogido con alfileres

Entre esos proyectos de futuro en los que Urbas anda metido, uno en Cuba, cuya viabilidad resulta complicada al necesitar que el Gobierno de Cuba otorgue su beneplácito. Se trata de la promoción, en la península de Rancho Luna–Pasacaballos de la ciudad de Cienfuegos, de un complejo turístico sobre una superficie de 1.600 hectáreas, compuesto por una marina deportiva, 6 campos de golf, 6 hoteles de 5 estrellas, 3 apartahoteles, 1.500 villas y 3.000 apartamentos. Un proyecto de al menos 350 millones a acometer en varias fases.

El embarque de Urbas en este negocio caribeño tiene su origen en la oferta realizada a Juan Antonio Ibáñez por parte de los abogados madrileños Juan José Cigarrán y Cecilio Antonio Herreros, dos intermediarios bien relacionados con las autoridades cubanas. La oferta de los letrados pasaba por la toma de control, por parte de Urbas, de Caribbean Resort and Golf, sociedad constituida en julio de 2012 con sede social en la Gran Vía madrileña.

Empresa mixta con Cubagolf en abril de 2018

De momento, ya se ha producido la toma de Urbas del 30% de Caribbean Resort and Golf, para, posteriormente, adquirir el 70% restante, mediante canje de dicha participación contra entrega de acciones de Urbas a favor de los dos letrados, socios de Caribbean, Cigarrán y Herreros. No obstante, la clave de esta operación pasa por la constitución de una empresa mixta junta la pública cubana Cubagolf. Sin esta sociedad no será posible acometer el proyecto.

En un hecho relevante remitido el pasado 13 de junio a la CNMV, Urbas comunicaba que una semana antes se había actualizado el acuerdo de intenciones y cronograma de actuaciones con Cubagolf. Paso previo a la realización del estudio de viabilidad y el plan de negocio de cara a constituir la empresa mixta. Un hito que, según el calendario, está previsto que se materialice en abril de 2018.