El Gobierno da luz verde a la nueva regulación del sector eléctrico que impedirá los cortes de suministro a los consumidores en situación de vulnerabilidad. El Gobierno calcula que, en esta situación, están más de 2 millones de hogares y siete millones de personas que recibirán distintos tipos de ayuda en función de su situación personal. También cargará sobre las eléctricas el coste del bono social. “Sin financiación es imposible que tengamos bono social”, ha asegurado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La aprobación de este Real Decreto de Reforma del Sector Eléctrico por parte del Ejecutivo es el primer paso. No será un proceso rápido. A partir de ahora, el Congreso deberá convalidarlo y desarrollar su reglamento, además deberá contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC), de la Comisión Europea (que revisa la regulación eléctrica) y tiene que ser analizado por la Conferencia de Presidentes, porque implica a las comunidades autónomas. “Cuanto antes mejor, cuanto más consenso político, antes estará en marcha”, ha indicado Nadal. Así que, por ahora, no hay fecha para saber cuándo estará en marcha esta nueva regulación.

Uno de los cambios principales es que el bono social lo financiarán todas las comercializadoras de electricidad en función del número de clientes. En concreto, será asumido por las matrices de los grupos que desarrollen actividades de comercialización de electricidad. es decir, las eléctricas. Y, si no tienen matriz, las propias comercializadoras.

Una vez se apruebe el desarrollo reglamentario de este Real Decreto, habrá cuatro tipo de consumidores: los ordinarios, a los que ahora se amplía la información de las distintas ofertas eléctricas; los vulnerables, que ahora contarán con una definición más precisa; los que además de ser vulnerables tengan una renta más baja; y las personas que además de estar en situación de vulnerabilidad también estén atendidas por los servicios sociales.

En este último caso, se introduce una novedad. La deuda con las eléctricas de estos consumidores será asumida por los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y, también, de las eléctricas porque parte de la financiación del bono social se destinará al pago de esta deuda.

No a los cortes de luz

Al margen de quién va a pagar el bono social, la otra novedad de la nueva regulación del sector eléctrico es que no será tan fácil cortar la luz a los consumidores más vulnerables. Una medida que forma parte del acuerdo que Gobierno y PSOE escenificaron esta semana en el Congreso de los Diputados, del que, en principio, dejaron fuera a Ciudadanos.

Álvaro Nadal y Antonio Hernando anuncian su acuerdo este miércoles en el Congreso. Ballesteros Efe

En concreto, no se podrá cortar la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad durante un plazo de cuatro meses a tener en cuenta desde la notificación del impago. Hasta ahora, ese plazo era de dos meses Además, se requerirá la respuesta de los servicios sociales locales que deben ser consultados sobre la situación de esas familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de corte de suministro.

El ministro ha concretado cómo será el proceso. “Una compañía eléctrica que se encuentra con un impago tendrá la obligación de decírselo a ese consumidor, eso aunque les sorprenda aún no es obligatorio. A partir de ahí, dependiendo del consumidor, tendrá entre dos y cuatro meses para hacer efectivo el corte. Previamente habrá que preguntar a las comunidades autónomas la situación de la persona”, ha matizado Nadal. Después, serán estas administraciones, junto a la financiación del bono social, los que paguen estas deudas.

En cuanto a cómo va a cambiar la información de las ofertas que realizan las eléctricas, Nadal ha explicado que, una vez se apruebe la regulación habrá “un mayor grado de transparencia”. En concreto, se creará un un indicador que permita algún tipo de comparación entre las distintas ofertas que “son complejas”. “Queremos crear una especie de TAE, como en el sector financiero que permite comparar hipotecas y dar más proyección a los consumidores”.

Otra de las novedades es que se podrá sancionar a aquellas empresas que no cumplan. Es uno de los puntos que pactaron esta semana el Gobierno y el PSOE para sacar adelante la nueva regulación eléctrica. En concreto, el real decreto ley, por primera vez, incorpora al catálogo de conductas consideradas "muy graves" dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

En concreto, se podrá sancionar cuando una comercializada "deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social", siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros. La infracción por conducta "muy grave" también se podrá imponer cuando se produzca "el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social", según constaba en el borrador del real decreto.