Las claves
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España ocupa hoy una posición excepcional en Europa: es el país donde más ha aumentado la creación de empresas desde la prepandemia y, al mismo tiempo, donde más se han disparado las declaraciones formales de quiebra e insolvencia.
Entre el cuarto trimestre de 2019, justo antes de la Covid, y el cuarto trimestre de 2025, el índice de creación de empresas en España ha aumentado un 52,7%.
El nivel registrado en los últimos tres meses del pasado ejercicio es el más alto de toda la serie trimestral armonizada que publica Eurostat para España desde 2018.
En el mismo periodo, la media de la Unión Europea (UE) apenas ha avanzado un 15%, mientras que el repunte registrado en la zona euro ha sido del 17,3%. Así, España multiplica por más de tres el ritmo de sus socios.
En paralelo, el índice de declaraciones de quiebra se ha disparado un 162,6%. Este valor sitúa las insolvencias en la zona alta de la serie, muy cerca de los máximos alcanzados en 2022, tras el fin de la moratoria concursal.
En la UE el aumento ha sido del 41,4% y en la zona euro, del 53,1%. Ningún otro país combina el liderazgo en creación de sociedades con un repunte tan intenso de las insolvencias.
En otras palabras, España no sólo crea más empresas que antes del Covid, sino que también destruye muchas más, y lo hace a un ritmo muy superior al del entorno europeo.
Los registros del INE confirman el diagnóstico. En 2025 se constituyeron 127.533 sociedades mercantiles, un 7,9% más que en 2024. Es, además, el mejor registro desde 2007.
Los datos, que arrancan en el año 2000, muestran que 2006 sigue siendo el año de mayor creación de empresas, con 149.449 nuevas sociedades.
A su vez, en 2025 se disolvieron 26.073 empresas, un 3,7% más que en 2024. Se trata de disoluciones registrales (voluntarias, por fusión u otras causas), una categoría más amplia que las declaraciones formales de quiebra que recoge Eurostat.
El tejido empresarial nacional ganó así 101.460 sociedades (127.533 altas menos 26.073 bajas), por encima de las 93.035 netas de 2024 y de las 83.388 de 2023.
El máximo histórico de disoluciones se registró en 2022, cuando echaron el cierre 26.238 empresas. Las 26.073 de 2025 se mantienen prácticamente en ese nivel, lo que sitúa los cierres en cotas que duplican las de comienzos de siglo.
Casi un 20% de los cierres de 2025 corresponde al comercio y alrededor de un 16% a la construcción, dos sectores muy sensibles al ciclo y al encarecimiento del crédito.
Por el lado de las altas, el 19% de las sociedades creadas se encuadra en actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y alrededor del 16% en el comercio, con la construcción, la hostelería y otros servicios también muy presentes.
El patrón es coherente con la estructura del tejido empresarial español, donde más del 95% de las compañías son microempresas y una parte muy relevante de la actividad se concentra en servicios, comercio y hostelería. Se trata de sectores en los que es relativamente fácil abrir un negocio y también cerrarlo cuando las condiciones empeoran.
Se crean más y se cierran más
El comportamiento español no se entiende sin el contexto de la pandemia. En 2020, la creación de sociedades se hundió y muchas inversiones se aplazaron, de modo que la recuperación posterior tiene un componente de rebote técnico frente a un año anormalmente bajo.
A partir de ahí aparecen factores de fondo. Los estudios sobre emprendimiento muestran que una parte de los trabajadores ha optado por el autoempleo o por montar pequeñas sociedades para prestar servicios o vender online.
La digitalización y el auge del comercio electrónico han rebajado barreras de entrada y favorecen la proliferación de microempresas. Esto ocurre en un mercado laboral todavía marcado por salarios ajustados y cierta precariedad.
Este repunte de la creación de sociedades se produce, además, en un contexto de crecimiento económico superior al de la media de la zona euro.
En 2024 el producto interior bruto (PIB) de España avanzó un 3,5% y en 2025 un 2,8%, con el turismo, la demanda interna y los proyectos ligados a los fondos europeos como principales motores, lo que favorece la apertura de nuevos negocios.
En el lado de las declaraciones de quiebra, el factor clave es el calendario legal y financiero. Durante la pandemia, el Gobierno aprobó moratorias que suspendieron la obligación de declararse en concurso y relajó las reglas de disolución por pérdidas.
A la vez, se puso en marcha una red de avales públicos y créditos blandos. Muchas empresas muy debilitadas lograron seguir operando gracias a ese soporte.
Ese colchón ha desaparecido. Desde 2022, con el fin de la moratoria concursal, empezaron a aflorar insolvencias que habían quedado en suspenso.
Y lo hicieron en un entorno cada vez más exigente: subieron los tipos de interés, se encareció el crédito y aumentaron los costes de energía, materias primas y salarios.
La reforma de la Ley Concursal y la nueva normativa de reestructuraciones, además, facilitan el uso de procedimientos formales, por lo que más cierres pasan a la estadística oficial de concursos.
Distintos análisis sobre demografía empresarial señalan, igualmente, que España ya presentaba antes de la Covid un patrón de muchas altas y alta mortalidad, con tasas de supervivencia relativamente bajas frente a otros países europeos.
