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El 3 de julio de 2020, el Gobierno aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) al que semanas más tarde dotó de 10.000 millones. De esta hucha sólo se usaron 3.256 millones para lanzar 30 salvavidas a empresas en apuros. Cinco años después, el balance del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sigue estando muy cuestionado.

Lo está tanto desde el punto de vista empresarial por dar ayudas a sociedades al borde de la quiebra como Duro Felguera o de poco dudable carácter estratégico como Plus Ultra, pero también desde la esfera política tras los escándalos del rescate a Air Europa.

Eso hace que el objetivo inicial del fondo -aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas afectadas por la Covid- haya quedado totalmente eclipsado por todos estos casos.

El escándalo protagonizado por la aerolínea de Globalia y su vinculación con el ‘caso Koldo’ es el más polémico que ha rodeado a la SEPI y al fondo. Lo es porque además ha implicado a muchos ministerios e incluso a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras una denuncia de Manos Limpias.

La primera dama habría mantenido reuniones en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, por entonces consejero delegado del grupo, antes del rescate, por lo que se le acusaba de tráfico de influencias. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil la desvinculó.

Tras estos, el caso Koldo estalló en el grupo turístico. La investigación demuestra que el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno.

Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

El exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo lee una declaración escrita ante la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. EFE

Y, por último, tal y como publicó este periódico en exclusiva el audio en el que González Pano detalla cómo Pepe Hidalgo (presidente de Globalia) entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de la aerolínea del Grupo Globalia.

Sin embargo, este, según el relato de la exnovia de Aldama, no sería el único pago que el patriarca de la familia Hidalgo realizó.

El de Air Europa fue el primer rescate que se otorgó. Se aprobó el 3 de noviembre de 2020 en Consejo de Ministros a través de un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones. En total, 475 millones.

También fue el que más rápido se otorgó. Tardó 70 días desde que se solicitó hasta que se aprobó por parte del Consejo Gestor. De media, la SEPI tardó 355 días en dar ayudas de este tipo.

Plus Ultra

En su caso, el carácter estratégico de la compañía (requisito necesario para recibir ayudas del fondo) estaba justificado. Pero no tanto en el de Plus Ultra. Y por aquí vino otra de las grandes polémicas que rodean este fondo.

Desde un inicio su rescate, por valor de 53 millones, fue muy cuestionado por varias razones. Una de ellas fue su escaso peso en el sector turístico (con entre dos y cuatro aviones para hacer vuelos chárter) y su delicada situación financiera.

Plus Ultra se salvó de la quiebra justo dos años antes de que el propio Gobierno saliera en su rescate. Y entre 2014 y 2019 acumuló 10,8 millones de euros en pérdidas.

Es decir, no tuvo ni un solo año de beneficios desde que iniciara sus vuelos en 2015. Y, por último, se la relaciona con el régimen venezolano.

Avión de Plus Ultra.

Su caso fue tan polémico que acabó en los tribunales. Pero en enero de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la causa contra la aerolínea Plus Ultra.

A día de hoy cumple religiosamente con los pagos de su ayuda, pero su CEO, Roberto Roselli, reconoció en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia el gran daño reputacional que sufrió la compañía. Además, es de las muchas que se ha quejado por los elevados intereses que acompañan a estos préstamos.

Caso más extremo es el de Duro Felguera, siempre con la quiebra al acecho. Hace tres semanas llegó a un acuerdo con la SEPI para la reestructuración financiera de su deuda. Tras esto, la compañía anunció el inicio del proceso de despido colectivo para casi 700 empleados.

Hace justo un año presentó preconcurso de acreedores para ganar tiempo y tratar de refinanciar su deuda y poder ir devolviendo los 120 millones de euros prestados. Este preconcurso lo ha ido alargando con el mismo fin.

Otras negociaciones

Durante estos cinco años, ha habido siete empresas que han liquidado su deuda antes de lo previsto y otras que van pagando los intereses de momento. Pero hay un pequeño grupo que ha tenido que renegociar con la SEPI para recalendizar.

Así, por ejemplo, esta sociedad pública pactó con Air Nostrum alargar el plazo para el pago del rescate por valor de 111 millones. Dicho aplazamiento es ahora hasta 2028. Volotea también estuvo en aprietos el pasado año para hacer frente al pago de 200 millones (ayuda que vence en 2029).

Tribunal de Cuentas

Más allá de los casos concretos, este fondo siempre ha sido mirado con lupa desde su creación por la gestión y procedimientos de la SEPI. Tanto que el pasado año, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que afeó el "excesivo" tiempo que tardó en tramitar las ayudas.

En concreto, la tramitación de los expedientes se prolongó durante un "tiempo considerable", siendo su duración media de 355 días desde la fecha de la solicitud inicial hasta la resolución del Consejo Gestor.

De esta forma, incumplió el plazo máximo para la resolución de las peticiones de apoyo financiero, establecido en seis meses.

Si tenemos en cuenta el plazo medio entre la solicitud inicial y su confirmación como definitiva hablamos de que se extendió a un mínimo de 240 días, existiendo varios casos en los que el período se alargó a 420 días.

Eso supuso que de las 30 ayudas concedidas, 23 superasen el plazo máximo de seis meses fijado para resolver estos rescates. De ellas, 20 rescates se aprobaron en un plazo de entre siete y doce meses. Y tres de ellos superaron el año.

"La significativa demora entre la fecha de solicitud y la fecha de concesión del apoyo restó eficacia al FASEE, al comprometer el cumplimiento del objetivo de que la ayuda llegase al beneficiario, oportunamente, en tiempo y cuantía", señaló el Tribunal de Cuentas en su análisis.

No obstante, la institución es consciente de que dicha demora se debió a "la complejidad de las condiciones de elegibilidad exigidas", al procedimiento y a las "dificultades para elaborar los planes de viabilidad en un entorno de crisis".

A pesar de las demoras, en general el Tribunal de Cuentas avaló la gestión realizada por la SEPI en la gestión del fondo.

Devoluciones anticipadas

En lo que respecta a los datos de empresas en apuros que pidieron ayuda, cabe destacar que el fondo recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones de euros, el 53% del importe total de 10.000 millones de euros del que se había dotado al fondo.

Sin embargo, sólo se aprobaron 30 por un importe de 3.256 millones de euros, el 32,5% de la dotación inicial, aunque la cifra se redujo después a 2.681 millones porque Celsa y Blue Sea no dispusieron de sus ayudas de 550 millones y 25 millones, respectivamente.

Entre las empresas a las que se le denegó el rescate destaca sobre todas el caso de Abengoa, que solicitó 249 millones de euros o la hotelera de Kike Sarasola (Room Mate) que acabó pidiendo el concurso de acreedores y siendo comprada por fondos.

De las 30 empresas beneficiarias, doce son empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco aerolíneas y una del sector servicios.

Agencia B The Travel Brand de Ávoris.

De todas ellas, siete ya han pagado su deuda con la SEPI: Ávoris (320 millones), Eurodivisas (45 millones), Wamos (85 millones), Rugui (25 millones), Ferroatlántica (34,5 millones) y Hesperia (55 millones).

Entre las siete empresas han devuelto 811,4 millones, un 30,2% de los 2.681 millones financiados con cargo a este instrumento. Es decir, el 23% de las empresas se ha recuperado y ha liquidado dicha deuda antes de tiempo.

El fondo se creó con la previsión de que entre 2026 y 2029 se recuperara el grueso de las ayudas.

Luego está el caso de Hotusa y Meeting Point que han amortizado de forma anticipada una parte de sus restantes. Hotusa ha pagado 128,5 millones (de 241 millones otorgados) y Meeting Point 13,7 millones (56 millones).

En definitiva, el fondo sirvió para que muchas empresas pudieran combatir los efectos de la pandemia, aunque las dudas sobre su gestión y la polémica con algunos rescates han ensombrecido su labor.