Concretamente, el Ministerio de Hacienda ha puesto en consulta pública el reglamento para el desarrollo de este impuesto, cuyo anteproyecto de ley ya ha sido revisado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Según indican fuentes del equipo de María Jesús Montero, ahora está siendo analizado por los correspondientes órganos consultivos. Cuando supere este trámite, el cónclave ministerial le dará el visto bueno definitivo y se someterá al Congreso y al Senado como proyecto de ley. 

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Cabe recordar que esta figura tributaria se pactó en el seno de la Unión Europea (UE), y lo que está manejando el Gobierno es la traslación de la correspondiente directiva comunitaria para garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos de empresas multinacionales. 

Lo que ha puesto el Gobierno en consulta pública es el desarrollo de un reglamento para regular y dar forma a las diversas novedades legislativas que conlleva la aprobación de un impuesto complementario en España de estas características. 

Para empezar, este desarrollo abordará "qué criterios deben emplearse en la cuantificación de la base imponible", indica Hacienda en el correspondiente documento. También cómo se harían los correspondientes ajustes, que requerirán "cálculos complejos". 

Asimismo, el reglamento recoge que el nuevo tributo complementario deberá tener en cuenta determinadas cuestiones específicas de algunos sectores, como es el caso del asegurador. 

Condicionamientos

Por otro lado, Hacienda indica que "la cuantificación de la carga tributaria que resulte finalmente exigible en España estará condicionada por la posible aplicación, en el resto de jurisdicciones en las que esté presente el grupo multinacional, de una regla de inclusión de rentas o de una regla de beneficios insuficientemente gravados, ambas calificadas como 'admisibles'". 

Asimismo, la carga tributaria estará "igualmente condicionada por la aplicación, en otras jurisdicciones, de un impuesto complementario nacional admisible que haya recibido la calificación de puerto seguro, y todo ello atendiendo a los criterios emanados de la OCDE", en cuyo seno se ha desarrollado la idea de la tributación mínima del 15%. 

Sede de la OCDE en París. Europa Press

Cabe recordar que este el impuesto complementario sería aplicable a aquellas multinacionales que tengan una cifra de negocios igual o superior a 750 millones de euros, según los estados financieros consolidados de la entidad matriz última, en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios. 

El anteproyecto de ley recogía que esta figura, debido a las dificultades técnicas que supone su implementación y el alto coste que puede representar, no se aplicaría de facto hasta 2027. Es decir, que las empresas no tendrían que pagarlo hasta dentro de tres años. 

Por otro lado, los grandes grupos que estén en fase de internacionalización tampoco tendrían que pagar este tributo compensatorio durante los primeros cinco años.