La renuncia de Pedro Sánchez a tener nuevos Presupuestos para este año deja en el aire la subida del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que el Gobierno aprobó en febrero junto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque el Ejecutivo modificó el reglamento para que no se produjeran retenciones a los perceptores de salarios más bajos, la modificación del tributo debía llegar con las nuevas cuentas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aseguran que sí se aplicará la reducción que estaba prevista. Sin embargo, detallan que todavía han de evaluar a través de qué vía se lleva a cabo. En cualquier caso, y como apuntó la propia María Jesús Montero, la modificación debe hacerse a través de una norma con rango de ley.

A principios de febrero, el Gobierno elevó hasta 15.876 euros el mínimo exento de IRPF para acompasarlo a la subida del salario mínimo, que se situó en esa misma cantidad. El objetivo no era otro que evitar que la actualización del SMI repercutiera en un mayor pago de impuestos por parte de los sueldos más bajos. Sin embargo, sólo modificó lo que se refiere a la nómina mensual de los trabajadores.

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda explicó que, en tanto que es necesaria una "modificación legal con rango de ley" para aumentar efectivamente ese mínimo exento, el Gobierno lo llevaría a cabo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024. Así, y en aras de no gravar indebidamente a los asalariados, modificó el reglamento del IRPF para que no se practicaran retenciones por el incremento salarial.

"Se cambiará el reglamento del impuesto para que, hasta entonces, no se le practiquen retenciones a los trabajadores que no correspondieren porque, si no, a final de año la Hacienda pública les tendría que devolver ese dinero", apuntó Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó la subida del SMI. Asimismo, la medida ha servido para que no se reduzca la renta disponible de estos hogares.

Con ese "hasta entonces" hacía alusión al momento en que salieran las nuevas cuentas. Ahora, y descartado ese escenario, el Ejecutivo necesita aprobar la modificación del IRPF de otra manera. De no hacerlo, serían los trabajadores los que tendrían que devolver dinero a Hacienda en la declaración de la Renta del ejercicio 2024.

Y aunque desde el Gobierno aseguren que todavía exploran las vías posibles, esta debe pasar por una norma con rango de ley. Es decir, que la modificación deberá contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados. Su aprobación no debería presentar mayor problema, en tanto que se trata de una rebaja fiscal que el Partido Popular exigió después de que el Ejecutivo anunciara la subida del salario mínimo.

Buscar alternativas

"Al prorrogarse los Presupuestos de 2023, no cabe nuevo ajuste en el IRPF, salvo que el Ejecutivo busque alguna alternativa", explica a este periódico Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown. Una alternativa que, antes o después, deberá pasar por el Legislativo, si bien es posible que el Gobierno aprueba la modificación en primera instancia a través de un decreto-ley.

Sin embargo, continúa Urcera, "no parece que, por ahora, sea algo que esté en tramitación, por lo que seguiríamos con los tramos del IRPF tal y como estaban hasta el año pasado". Es decir, que el único cambio sería en la retención que se aplica en las nóminas.

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El Gobierno fía lo negociado con otras fuerzas políticas a los Presupuestos de 2025, pero esto no aplica a la regulación del IRPF. "Como regla general, las normas tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo que se disponga lo contrario", responde la experta de TaxDown al ser preguntada sobre la posibilidad de que el nuevo mínimo exento llegara con los PGE de 2025.

Se trata de una opción "bastante residual" que sólo podría darse "si se declara expresamente, no vulnera derechos adquiridos y se haga por razones de interés general justificadamente".

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La modificación del mínimo exento del IRPF no es la única medida del Gobierno que queda en el aire por la renuncia del Ejecutivo -al menos de la parte socialista- al presentar unos nuevos Presupuestos por el adelanto electoral en Cataluña. Es el caso de los impuestos extraordinarios aprobados en 2022.

El Gobierno de coalición se había planteado la posibilidad de hacer permanentes los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas. La intención era hacerlo a través de las nuevas cuentas tras negociar con sus socios, y en el seno del propio Ejecutivo, cómo quedarían estos tributos.

Con todo, y puesto que ya han sido prorrogados para este año, el Gobierno puede consolidar los impuestos extraordinarios en los Presupuestos de 2025. "Por tanto, estos seguirían aplicando y pasarían a tener carácter permanente, a diferencia del carácter temporal con el que cuentan ahora", sentencia Paula Urcera.