Con la información disponible en este momento, que no incluye ningún posible ajuste fiscal, los expertos de la institución estiman que en 2024, 2025 y 2026 el déficit se situará en ese nivel después de haber cerrado 2023 en el 3,8%.

Unos niveles que, en todo caso, están por encima del umbral previsto en las reglas fiscales, que es de un máximo del 3%. Para poder encajar estos números, el Banco de España estima que el Estado deberá realizar un ajuste de entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales cada ejercicio desde 2025.

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Hay que recordar que las anteriores reglas europeas contemplaban un ajuste fiscal de 0,5 puntos porcentuales para los países que formaran parte del procedimiento de déficit excesivo.

Así lo dio a conocer el martes Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, durante la presentación de las nuevas proyecciones, si bien añadió que en su opinión "el debate" no se debe centrar en el volumen del ajuste.

De hecho, apuntó que la sostenibilidad de las cuentas públicas debería interesar al país "al margen de lo que digan las autoridades europeas".

"Nuestro mensaje es que, si no se implementan medidas adicionales, la posición fiscal de la economía española en términos de la figura estructural de déficit se mantendrá en niveles todavía elevados, incluso más elevados que antes de la pandemia", añadió Gavilán.

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Estas estimaciones se producen en el marco de las nuevas proyecciones del Banco de España, que ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento de la economía para 2024, hasta el 1,9%. Esta mejora se debe a los buenos datos de la actividad en el último trimestre del año pasado, a la bajada de los precios de la energía y a la extensión de algunas medidas por parte del Gobierno para frenar la inflación.

Sin embargo, desde la institución advierten de que la actividad podría verse afectada por la reactivación de las reglas fiscales europeas que acordaron el Consejo y el Parlamento Europeo tras cuatro años suspendidas por la pandemia.

Reactivación de las reglas fiscales

El acuerdo al que llegaron ambas instancias el mes pasado implica que los países miembros tendrán que diseñar y ejecutar un plan de consolidación fiscal a medio plazo para corregir las desviaciones del déficit público.

Cada Estado miembro deberá presentar su plan antes del 20 de septiembre de este año, mientras que la Comisión Europea, por su parte, dará a conocer una trayectoria de referencia (la antigua trayectoria técnica) a los países con una deuda pública superior al 60% del PIB o un déficit público por encima del 3%.

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Lo cierto es que el Gobierno estima que el déficit público al cierre de 2023 será del 3,9% del PIB (una décima superior a la previsión del Banco de España), pero que este año se colocará por debajo del 3%, de forma que cumpliría con las reglas fiscales europeas.

No es la previsión del Banco de España, que cree que el déficit será superior este año y los dos siguientes salvo que se realice un ajuste fiscal, cuyo impacto es por el momento "incierto", dado que no se conoce, y, en todo caso, "dependerá críticamente de cómo esté diseñado", según los expertos de la institución.

Con todo, desde la institución adelantan que su implementación acarrearía, previsiblemente, "un menor grado de dinamismo de la actividad" del previsto, dado que este supuesto no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar las proyecciones.