María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta cuarta.
Comienza la guerra por la financiación autonómica marcada por las concesiones del Gobierno a Cataluña
El Consejo de Política Fiscal se reúne este lunes con un orden del día en el que no figuran la reforma ni la quita de deuda.
11 diciembre, 2023 02:36Nueva legislatura, nuevo Gobierno... y nueva guerra por la financiación autonómica. La reforma de los factores que deciden qué fondos reciben las regiones por parte del Estado se lleva atragantando desde los tiempos de Mariano Rajoy. El Ejecutivo de coalición afirma que abordará los cambios necesarios a lo largo de este mandato. Sin embargo, los trabajos se van a tener que hacer con una pesada losa: las concesiones del Estado a Cataluña.
Este lunes se produce la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de la primera convocatoria de este órgano en cerca de año y medio y que había sido frecuentemente reclamada por las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que tras las elecciones regionales de este año son mayoría.
¿Acuden todos los consejeros de Hacienda de las autonomías de régimen fiscal común? No. Natàlia Mas Guix, la responsable de estas políticas en Cataluña, ya ha anunciado que no participará y que, en su lugar, van el secretario general de Economía, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols.
El argumento de Mas es que ya hay abierta una "negociación singular" entre la Generalitat y el Estado sobre la financiación de Cataluña, cuya mesa de negociación se iniciará en el primer trimestre de 2024.
Se trata de la primera de las concesiones en materia de financiación autonómica que el PSOE ha prometido a ERC a cambio de los apoyos de los independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
[Gobierno y Generalitat pactarán la financiación de Cataluña al margen del resto de las autonomías]
Como ya contó este periódico, el acuerdo entre socialistas y ERC recoge que el Estado y la Generalitat pactarán "cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya [sic]" en una comisión bilateral.
También "cómo asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía" de la región y cómo "abordar jurídica y económicamente" el alcanzar "un nivel de financiación e inversiones suficientes".
Esto ya supone poner a la Generalitat de Cataluña un escalón por encima del resto de las autonomías. Algo contra lo que a buen seguro reclamarán en el Consejo de Política Fiscal, pese a que no se encuentre en el orden del día.
De hecho, como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, el único asunto de peso que se abordará son las metas de déficit y de deuda pública para el ciclo 2024-2026 que tendrán que cumplir las regiones.
Quita de deuda
De esta manera, no figuran cuestiones como los pasos que plantea dar el Ministerio de Hacienda en la reforma de la financiación autonómica (prometida por Sánchez en sus discurso de investidura) ni cómo se va a ejecutar la quita de deuda pública de las regiones.
Esto parte también del acuerdo con ERC. Los socialistas se comprometieron a perdonar 15.000 millones de la deuda que la Generalitat de Cataluña tiene con el Estado.
Félix Bolaños y Oriol Junqueras, tras sellar el acuerdo entre el PSOE y ERC.
Según indican desde el Gobierno, esta cifra corresponde al impacto que la crisis financiera de hace diez años tuvo sobre las cuentas autonómicas. Con esta filosofía, la misma iniciativa se va a aplicar en el resto de las regiones, pero el Ejecutivo no ha revelado cifras al respecto.
En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, el problema lleva enquistado desde hace tiempo. La última propuesta, de diciembre de 2021, estaba basada en un cálculo de población ajustada y determinaba el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales.
Sin embargo, la propuesta no cuajó y concitó críticas de prácticamente todas las partes. Independientemente del color político.
Precisamente, el choque de posturas entre autonomías y partidos ha sido la principal excusa del Gobierno para justificar el atasco en la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014 (el último modelo se aprobó en 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero, con el compromiso de renovarlo cinco años después).
Misma postura
En cualquier caso, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón cuenta con un argumento de peso para reclamar que se retomen cuanto antes los trabajos de la reforma: la postura de la Generalitat es hoy exactamente la misma que la de hace siete meses, cuando el presidente autonómico era Ximo Puig.
La administración autonómica lamentó el pasado jueves que la ansiada reforma no estuviera en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes. Pero mostró un talante constructivo y avanzó que aprovechará los ruegos y preguntas para trasladar al Ministerio su postura.
"Queremos escucharles. Nos remitiremos a lo expuesto por carta el pasado mes de septiembre a la ministra", explicaron preguntados al respecto. Fue la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, quien envió la misiva al ministerio.
En la misma, hizo suyas todas y cada una de las peticiones que la Generalitat ya hacía en la legislatura anterior. Trasladó a Montero su "preocupación por la falta de avances en la reforma del actual Sistema de Financiación Autonómico".
Carlos Mazón y Ruth Merino.
"Cabe recordar que la infrafinanciación sistemática que viene padeciendo la Comunidad Valenciana supone, de facto, asumir un déficit estructural primario que genera un fuerte deterioro de nuestras finanzas públicas", reclamó el Ejecutivo del PP.
Agregó que el mismo "contribuye a alcanzar un nivel de deuda, medido en términos de PIB, que casi duplica el nivel del conjunto de las Comunidades Autónomas y que está muy por encima del límite establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas". La Comunidad Valenciana debe 57.246 millones, el 43,5% de su PIB.
La autonomía de Mazón se mostró categórica. "En definitiva, la Comunidad Valenciana necesita una solución a la injusticia histórica que representa el Sistema de Financiación Autonómico vigente, por lo que le urgimos a reactivar de inmediato los trabajos para la reforma del actual sistema de financiación autonómica", aseveró.
"Mientras tanto -agregó-, resulta esencial articular un mecanismo transitorio para corregir los déficits de financiación por habitante ajustado respecto a la media de las autonomías y garantizar la llegada de recursos suficientes a la Comunidad Valenciana con el objetivo de aproximarla a la financiación media mientras culmina la reforma pendiente de la Ley de Financiación de las autonomías".
También Compromís
En el caso valenciano, la exigencia de más fondos es común en todo el arco político. A petición de Compromís, el PSOE, en su acuerdo de investidura con Sumar, volvió a prometer el fin de la infrafinanciación valenciana, aunque sin dar plazos ni compensar a la Generalitat por la falta de fondos sufrida durante los últimos años.
La promesa, por vaga y por haber sido tantas veces incumplida desde que Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Presidencia del Gobierno, ha extendido el pesimismo en la Comunidad Valenciana. Y más desde que el Ministerio de Hacienda comenzó a deslizar que la reforma de la financiación llevará aparejada una armonización fiscal.
Las comunidades gobernadas por el PP, formación que ganó las elecciones autonómicas con un programa basado en la reducción de impuestos, no están dispuestas a que ahora, cuando pueden aplicar su política fiscal, sea el Gobierno de España el que la fije desde la Moncloa. Tanto es así que la Generalitat de Mazón sopesa llevar a los tribunales la armonización fiscal si esta se produce.
Otra de las regiones que más especialmente ha batallado por la financiación autonómica en los últimos años ha sido Andalucía. En este Consejo de Política Fiscal, acuden con la voluntad de ser "muy beligerantes", como avanzó en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia la consejera de Hacienda de la región, Carolina España.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. Europa Press
Tendrán que hacerlo en el turno de ruegos y preguntas. "Deberían haberse incluido en dicho orden temas de vital importancia como es la renovación del Sistema de Financiación Autonómica", apunta el equipo de España.
Un sistema de financiación que Andalucía ve "obsoleto y lesivo". Según sus cálculos, la comunidad recibe cada año una media de 1.000 millones de euros menos, "lo que se traduce en 130 euros menos por habitante y año".
Acudirán por eso a Madrid con la petición "urgente" de renovación de ese sistema, que deberá hacerse, subrayan, "de forma multilateral y con el máximo consenso"
Pero sobre todo pondrán sobre la mesa algo que consideran que no tiene más espera: 2.146 millones de euros, que exigen en concepto de fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación que sufren Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
No restar
De ellos, 1.079 millones serían para Andalucía. "No se trata de restar recursos al resto de comunidades autónomas, sino de ingresos extra para las comunidades infrafinanciadas", insisten desde el equipo de España.
También van a expresar en la reunión su preocupación por "las relaciones bilaterales que está teniendo el Estado con algunas CCAA, dejando al resto, las otras 14 de régimen común, al margen de las negociaciones que se deben llevar a cabo en el seno de este Consejo de Política Fiscal y Financiera y con el máximo consenso".
