Cabe recordar que la medida pactada entre el PSOE y los republicanos se concreta en una quita de 15.000 millones de euros a la deuda de Cataluña con el Estado producida a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La medida trata de compensar los efectos de la crisis financiera de 2008 ante la "insuficiente respuesta europea y del Estado", tal y como se recoge en el acuerdo. Un texto que también recoge la traslación de la iniciativa al resto de las regiones, algo que ya garantizó el propio Pedro Sánchez durante su discurso de investidura. 

Sin embargo, lo que no se ha desvelado es en qué cuantía o cómo se aplicará esta medida al resto de las comunidades autónomas. Fedea, en un artículo publicado este miércoles, considera que "la forma seguramente más razonable de extender la medida a otros territorios sería perdonar a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado".

Según indica el autor del escrito, Ángel de la Fuente -director de Fedea- , "esto generaría un coste total de casi 88.000 millones de euros, de los que 16.400 millones corresponderían a Andalucía, 12.900 millones a Madrid y 9.750 millones a la Comunidad Valenciana".

[La quita de deuda de Cataluña "no afecta a la posición de España en los mercados financieros", según Calviño]

De la Fuente opina que "la condonación incondicionada de deuda recogida en el acuerdo con ERC es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre" el sistema de financiación autonómica.

"A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las autonomías de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal", explica el académico. 

"Pero es que, además, esta parte del acuerdo viene a ser un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado. Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo es difícilmente superable". 

Respecto a las exigencias económicas que reclaman los partidos independentistas catalanes, De la Fuente considera que "no son descartables concesiones significativas que podrían pasar por un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo que se traducirían en una menor aportación de la comunidad a la caja común y, por tanto, dada su posición de partida, en una financiación privilegiada en alguna medida".

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, en una imagen de archivo. Europa Press

"Existe el riesgo, además, de que tales concesiones marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad". Para Fedea, "este proceso comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas".

El texto también carga contra el acuerdo alcanzado entre el PSOE y su compañero en el Gobierno de coalición, Sumar, dado el "significativo incremento del gasto público y de la presión fiscal" que supone. 

Presión al alza

"A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas", avisa.

"Algunas de las medidas anunciadas, tanto de ingreso como de gasto, plantean serias dudas y parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que nos exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos (y no sólo a los ricos)", alerta De la Fuente.

Por otro lado, respecto a la reducción por ley de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del salario mínimo y el endurecimiento de las condiciones de despido, el texto considera que "puede comprometer la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo".