Los ministros de Economía de la Unión Europea han aprobado este martes una directiva cuyo objetivo es asegurar el pago de impuestos por los beneficios obtenidos con el uso de criptomonedas, que en la actualidad escapan al control del fisco.

La directiva obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño, a comunicar a las autoridades tributarias del Estado miembro en el que tienen su base las operaciones de los clientes residentes en la UE. Éstas a su vez deberán enviar automáticamente toda la información al resto de socios europeos.

"El acuerdo es una buena noticia para la transparencia fiscal en un mundo financiero que evoluciona a una velocidad arrolladora. El anonimato significa que muchos usuarios de criptoactivos que obtienen beneficios considerables escapan al control de las autoridades tributarias nacionales, lo cual es claramente inaceptable", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. 

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"Cuando esta directiva entre en vigor, los Estados miembros obtendrán la información que necesitan para asegurar el pago de impuestos sobre las ganancias obtenidas con la negociación o inversión en criptoactivos", resalta Gentiloni.

"Estamos reforzando las normas de cooperación administrativa y cerrando los agujeros que anteriormente se han utilizado para evitar la tributación de los ingresos. Esto reduce el riesgo de que los criptoactivos se utilicen como lugar de refugio para la evasión fiscal y el fraude fiscal", ha señalado la ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Savantesson, presidenta de turno del Ecofin.

En la actualidad, las autoridades tributarias carecen de la información necesaria para controlar los beneficios obtenidos mediante la utilización de criptoactivos, que se negocian fácilmente a través de las fronteras. Esta situación limita su capacidad para garantizar el pago efectivo de impuestos, lo que significa que los "ciudadanos europeos pierden considerables ingresos fiscales", según denuncia Bruselas.

Además de a los criptoactivos, los nuevos requisitos de transparencia afectan también al dinero electrónico y las monedas digitales de bancos centrales. Estas obligaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la obligación de incluir entre los datos intercambiados el número de identificación fiscal se retrasa hasta 2028, aunque Gentiloni ha reclamado que se aplique antes. 

La directiva impone además el intercambio automático de información sobre las decisiones fiscales anticipadas (tax rulings) que benefician a las personas con un patrimonio financiero o invertible superior a 1,5 millones, con el mismo objetivo de combatir la elusión de impuestos.

"Los criptoactivos y el dinero electrónico tienen un gran potencial para impulsar la actividad económica y la innovación, pero también conllevan el riesgo de reducir la transparencia y permitir la evasión o el fraude fiscales. La actualización de nuestra normativa fiscal para hacer frente a esos riesgos ayudará a las administraciones nacionales a recaudar impuestos de manera más eficiente y adaptarse a la evolución tecnológica a medida que Europa avanza en su transición digital", ha apuntado el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.