En sus tradicionales previsiones económicas de primavera, la Comisión de Ursula von der Leyen avisa reiteradamente de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aminorado el ritmo de reducción del déficit y de la deuda pública. Una desaceleración que se produce en el peor momento posible, justo cuando la UE está a punto de reintroducir las reglas de disciplina fiscal en 2024 tras cuatro años en suspenso. Y justo cuando se dispara el coste de financiación por las abruptas subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

De hecho, el Ejecutivo comunitario calcula que Sánchez incumplirá el objetivo que él mismo se ha fijado -en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas en abril- de adelantar un año, a 2024, la reducción del déficit público al límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. Una desviación que, de confirmarse, llevaría a sanciones más automáticas, según la reforma de las reglas fiscales propuesta por Bruselas, que aún está a debate en el Ecofin.

[Bruselas mejora hasta el 1,9% el crecimiento de España este año pero prevé que incumpla el déficit en 2024]

En su hipótesis más favorable, la Comisión estima que el desfase presupuestario el año que viene será del 3,3%. Una cifra que asume que el Gobierno eliminará en 2024 todas las ayudas energéticas generales, como la rebaja del IVA de la luz y el gas o los descuentos en el transporte público. De lo contrario, el déficit todavía sería más alto, porque el coste de estas medidas asciende al 0,6% del PIB este año. Para 2023, Bruselas prevé un déficit del 4,1%, frente al 3,9% que ha prometido el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el déficit estructural -es decir, el desfase permanente entre ingresos y gastos en las Administraciones públicas, independientemente de la evolución cíclica de la economía- se situará este año en el 3,7% del PIB y apenas bajará al 3,2% en 2024.

Previsión de déficit público en los países de la UE en 2024

Estas cifras servirán de base para las recomendaciones en materia de política económica que el Ejecutivo comunitario formulará a España (y al resto de Estados miembros) el próximo 24 de mayo. Por primera vez desde el estallido de la pandemia en 2020, Bruselas incluirá objetivos numéricos de ajuste presupuestario, lo que en el caso español podría traducirse en la exigencia de más medidas de consolidación para garantizar el 3%.

La vicepresidenta primera y responsable de Economía, Nadia Calviño, ha minimizado las advertencias de Bruselas y ha reconfirmado que España sí cumplirá la meta del 3% de déficit en 2024. Calviño ha puesto además en valor que las previsiones del Ejecutivo comunitario sobre la evolución de la deuda española coinciden exactamente con las del Gobierno: del 113,2% en 2022 al 110,6% este año y el 109,1%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante la reunión del Eurogrupo de este lunes en Bruselas Unión Europea

Un descenso que se explica únicamente por el crecimiento del PIB y no por ajustes presupuestarios. De hecho, esa es precisamente la estrategia del Gobierno de Sánchez: "aprovechar el fuerte crecimimento económico y la creación de empleo para seguir cumpliendo nuestros objetivos de responsabilidad fiscal", según ha dicho la vicepresidenta primera.

Pero el resultado de esta desaceleración en el ritmo de reducción del endeudamiento es que nuestro país será este año el tercero con mayor deuda pública de toda la UE, sólo superado por Grecia e Italia.

Previsión de deuda pública en los países de la UE en 2023

En sus previsiones económicas, el Ejecutivo comunitario avisa de que las subidas de tipos de interés ejecutadas por el BCE de Christine Lagarde constituyen la principal amenaza para el crecimiento en España. Unos incrementos que podrían prolongarse más allá de lo previsto, ya que Bruselas ha revisado al alza su previsión de inflación: hasta el 5,8% en 2023 y el 2,8% en 2024 en la eurozona (en lugar del 5,6% y el 2,5%, respectivamente, que calculó en febrero), todavía muy por encima del objetivo del 2%.

En este sentido, la Comisión alerta del "impacto adverso del endurecimiento de las condiciones de financiación en la posición financiera de hogares y empresas, teniendo en cuenta el alto nivel de deuda externa, pública y privada" de España. "Además, para los hogares, aunque el grueso de las nuevas hipotecas se conceden con tipos de interés fijos, el saldo vivo sigue concentrado en préstamos a tipo variable", señala informe.

Calviño ha subrayado que la meta del 2% de inflación es "a medio plazo" y ha insistido en que el BCE debe garantizar no sólo el control de precios sino también que se mantenga el crecimiento y la creación de empleo. 

"Si bien la inflación puede respaldar la mejora de las finanzas públicas a corto plazo, este efecto está condenado a disiparse con el tiempo, a medida que aumenta el coste de pago de la deuda y los gastos públicos se ajustan progresivamente al nivel de precios más alto", avisa el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

En todo caso, Gentiloni ha destacado que la tasa de crecimiento del 1,9% prevista para España este año (cinco décimas más de lo que había calculado en febrero) "se mantiene muy por encima de la media de la UE, gracias a la puesta en práctica del plan de recuperación y a un mercado laboral muy sólido". Para 2024, el Ejecutivo comunitario espera una expansión del 2% impulsada por el consumo y la inversión.