De hecho, una de las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, al que pertenece Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, aborda un sustancial incremento de las multas a los directivos por infracciones a la competencia.

En la legislación, tal y como está a día de hoy, la multa a imponer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llega, como máximo, a los 60.000 euros. Sin embargo, la pretensión de los socialistas es multiplicar por seis esta cota, hasta los 400.000 euros.

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“Se establecen límites que se consideran adecuados y proporcionados conforme al derecho comparado y a los existentes en otros regímenes jurídicos y que se considera garantizan un suficiente elemento disuasorio”, indica la enmienda presentada por los socialistas.

Para decidir este límite se ha tomado el modelo de sanciones a directivos establecida en la Ley del Mercado de Valores. Pero no es el único incremento de sanciones que recoge la enmienda socialista.

También se eleva el montante de las multas cuando no pueda calcularse el volumen de negocio de la empresa infractora. Las infracciones leves serían sancionadas con cantidades hasta el millón de euros, las graves llegarían hasta los 10 millones y las muy graves hasta los 50 millones de euros.

Además, se aclara que, cuando se conozca el volumen de negocios mundial total de la empresa o asociación de empresas en el ejercicio inmediatamente anterior a la decisión sancionadora, la multa se calculará a través de esta referencia.

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Cabe recordar que, en el pasado, la CNMC ya había demandado reforzar las sanciones por infracciones de competencia. Esta enmienda respondería a esta reclamación. Si bien grupos parlamentarios valoran la propuesta socialista, también dudan de que el proyecto legislativo de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sea el lugar para ello.

De entre las 258 enmiendas que se han presentado al proyecto de ley, también destaca otro cambio planteado también por los socialistas en asociación con Unidas Podemos, es decir, los partidos de la coalición de Gobierno.

Se trata, básicamente, de que el usuario de un servicio de pago de una entidad financiera pueda cerrarlo y resolverlo en cualquier momento, sin necesidad de preaviso alguno y a través de cualquier medio que acredite fehacientemente su identidad, incluyendo las aplicaciones informáticas.

“En el supuesto de que el usuario pueda acceder a la cuenta de pago en línea, se podrá resolver el contrato marco de forma telemática a través de la misma aplicación en línea por la que se tenga acceso a la cuenta”, explica la enmienda.

Es decir, que las entidades bancarias deben facilitar no solo la prestación de servicios sino también el cierre de cuentas a través de sus aplicaciones digitales.