A principios de 2022, el grupo de expertos para la reforma fiscal reunidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública presentó sus propuestas para iniciar una reforma fiscal que iba a ser inminente. Pero la guerra en Ucrania y la crisis energética que ha desatado llevó a María Jesús Montero a enmendar a sus propios sabios y a descartar el grueso de las medidas propuestas. Concretamente, las subidas fiscales y los nuevos impuestos. 

Pero este guión fiscal sufrió un dramático volantazo en verano. El criterio cambió drásticamente y el Ejecutivo decidió que, a partir de 2023, se ejecute una reforma fiscal temporal, coincidiendo con los meses previos a las elecciones generales.

Así, en julio, Pedro Sánchez sorprendió a propios y extraño anunciando la creación de dos impuestos temporales al sector bancario y a las grandes energéticas. 

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El anuncio cogió con el pie cambiado a los sectores afectados y desconcertó incluso a la otra mitad de la coalición con el PSOE, Unidas Podemos. Los morados ignoraban que el jefe del Ejecutivo tuviera en mente estas medidas, que, con todo, los de Yolanda Díaz e Ione Belarra siempre han reclamado. 

El asombro (y cierto estupor) ha sido también generalizado en el mundo de las empresas. Sobre todo porque, hasta entonces, el sector privado había un actor fundamental frecuentemente consultado por Moncloa.

La irrupción de la Covid y la crisis económica abrieron un flujo de comunicación y de relaciones constante entre Sánchez y su equipo con el mundo de las empresas.  Los encuentros entre el presidente y los directivos del Ibex 35 para conocer el pulso de la economía y tender líneas directas de colaboración fueron frecuentes tanto en 2020 como en 2021. 

Sin embargo, este verano todo cambió. El presidente del Gobierno decidió dar un volantazo a estas buenas relaciones por el incremento del precio de la energía y su impacto generalizado en la inflación, pese a que ha derivado mayoritariamente de la guerra en Ucrania.

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Una crisis económica que, a su vez, ha tenido como consecuencia que los bancos centrales eleven los tipos de interés para contener el consumo y, así, la inflación. Efecto directo de ello es que las hipotecas de tipo variable suban, así como se eleve el coste de los nuevos préstamos, lo cual debería repercutir en mayores ingresos para la banca.   

"Se habla a menudo de beneficios caídos del cielo. No hay tales, los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", dijo Sánchez en el Congreso, para defender ambas figuras fiscales. "Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos".

Con estos argumentos, el Grupo Socialista y Unidas Podemos presentaron en el Congreso una proposición de ley que recogía ambas figuras tributarias, para los que hay grandes esperanzas recaudatorias. Se espera que el impuesto a la banca recaudara 3.000 millones anuales y que el de las energéticas permita ingresar 4.000 millones durante el periodo temporal para el que se establece su entrada en vigor: 2023 y 2024. 

Sin embargo, el proceso de enmiendas ha llevado a que se rebajen estas expectativas (que, con todo, expertos del mundo tributario consideran demasiado elevadas). Finalmente, las actividades reguladas quedarán fuera del impuesto a las energéticas, que aplicará solo a la actividad nacional de las compañías. 

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Esto supone que la Agencia Tributaria recaudará 400 millones menos (una rebaja del 10% respecto a lo previsto) por este tributo. Sin embargo, el Congreso también ha decidido (por presiones de Unidas Podemos, EH-Bildu y ERC) que tanto en el caso del impuesto a las energéticas como en el de la banca haya una cláusula para que el Gobierno se plantee alargar su existencia indefinidamente. 

Fue precisamente el trámite de enmiendas la fórmula que María Jesús Montero y su equipo usaron para introducir la otra figura tributaria sobre la que se han vertido ríos de tinta en los últimos meses: el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, más conocido como el 'impuesto a los ricos'. 

Lo cierto es que esta figura tributaria responde a un viejo anhelo del Ministerio de Hacienda: imponer una suerte de armonización fiscal que impida a determinadas regiones (particularmente a Madrid) llevar a cabo agresivas bajadas de los impuestos nacionales sobre los que tienen capacidad decisión. 

Andalucía encendió la mecha de la decisión del Gobierno. En septiembre, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y barón del PP, anunció la decisión de imitar a Madrid y bonificar al 100% el impuesto al Patrimonio en la región. Esto significa, básicamente, desactivarlo. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), se saludan, en el Congreso. Jesús Hellin / Europa Press

Solo unos días más tarde, María Jesús Montero anunció que el Gobierno llevaría a cabo su contraataque: ejecutaría un impuesto a las grandes fortunas que, en su mecanismo, venía a ser un recargo sobre el ya existente impuesto de Patrimonio. 

¿Cómo se evita que la nueva figura genere un efecto de doble imposición en las regiones que tenga activada la tasa al Patrimonio? Los contribuyentes que la tengan que pagar se podrán deducir lo que hayan abonado en la región correspondiente por Patrimonio. En resumidas cuentas, que la tasa está pensada para desactivar las rebajas fiscales de regiones populares como Madrid, Andalucía y Murcia (que también ha suprimido Patrimonio).  

El tributo, denominado Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas y que se aplicará sobre patrimonios a partir de los 3 millones de euros, tendrá también carácter temporal en 2023 y 2024 (con una cláusula para hacerlo permanente, como en el caso de la banca y de las energéticas).

Con él, el Ejecutivo calcula que ingresará 1.500 millones de euros al año, que se destinarán a medidas para paliar el impacto económico de la crisis de precios generada por la guerra en Ucrania. 

Grandes empresas

Además, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (que ya han sido aprobados por las Cortes), se va a aplicar un incremento de tributación sobre rentas del capital a clases altas y se va a limitar en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, es decir, las grandes empresas, en el Impuesto de Sociedades.

Solo con esta última medida, el Gobierno espera ingresar 2.439 millones. Con todo, las Cuentas también recogen ampliaciones de las deducciones del IRPF para los trabajadores y que todos aquellos contribuyentes con rentas menores a los 15.000 euros no tengan que pagar este impuesto, entre otras rebajas fiscales. 

La polémica en 2023 está servida, al menos en el caso de las tres nuevas figuras fiscales que ya están aprobadas. Empresas tanto del sector de la banca como del de la energía han confirmado su intención de plantar cara al Gobierno en los tribunales y tramitarán los correspondientes recursos. 

Lo mismo harán las comunidades autónomas del Partido Popular. Por ejemplo, Madrid, que ya ha anunciado su intención de recurrir el 'impuesto a los ricos' en el Tribunal Constitucional por vulnerar competencias autonómicas.