El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dicta el destino de los fondos 'extra' en ayudas que tiene que recibir el Gobierno por parte de la Comisión Europea, así como la totalidad de 84.000 millones para créditos que España recibirá de Bruselas a través de este mecanismo. 

Según ha explicado Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la totalidad de las transferencias adicionales (ayudas europeas sin cargo alguno), unos 7.700 millones de euros, se destinará a reforzar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Es decir, los PERTE. 

La vicepresidenta primera del Gobierno ha concretado que se destinarán a reforzar los 11 PERTE que hay en marcha y uno más que se va a aprobar la próxima semana, antes de que acabe 2022. Será un PERTE destinado a la descarbonización de la industria, sobre el que no ha dado más detalles. 

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Ha avanzado que a los PERTE se dedicará, también, un 22% de los préstamos, que se vehicularán a través del Plan de Recuperación. Se manejarán a través de 12 fondos (ocho de ellos nuevos) que "van a permitir mantener el flujo de financiación pública y privada de aquí a 2026". 

Dentro de estos fondos habrá, además, un fondo con créditos para inversiones sostenibles de las comunidades autónomas dotado con 20.000 millones de euros. Se reforzarán también los fondos ICO de apoyo empresarial con 15.000 millones en préstamos adicionales. 

A esto hay que sumar un fondo que servirá para financiar bonificaciones al impuesto de Sociedades (2.000 millones de euros) y otro para el ingreso mínimo vital (IMV) con 9.000 millones, por mencionar dos. 

La adenda incluye un programa de reformas complementarias a las ya desplegadas. Se trata de 30 reformas, algunas de las cuales incluyen varias actuaciones, que dan cumplimiento a las recomendaciones específicas para España en el marco del semestre europeo.

Reformas

Las reformas están destinadas a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, destacando las dirigidas a acelerar el despliegue de las energías renovables, impulsar la movilidad eléctrica y las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades o reducir nuestra dependencia energética. Asimismo, se incluyen reformas orientadas a mejorar la inserción laboral e impulsar la cualificación y recualificación de los trabajadores.

Finalmente, la adenda incluye la modificación de determinados hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, en línea con la solicitud efectuada por otros países como Alemania, debido a la concurrencia de circunstancias objetivas que dificultan su cumplimiento. Pese a ello, se mantiene el calendario de ejecución final de todas las inversiones y reformas en 2026.

Según Calviño, la ejecución del Plan de Recuperación junto con la adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.

A finales de 2022, ya se han puesto en marcha los principales programas a nivel nacional y regional y se han transferido más de 20.000 millones de euros a las comunidades autónomas.

La información pública de ejecución del Plan arroja un compromiso de crédito del Estado de más 38.000 millones de euros, entre convocatorias y transferencias a las regiones, y convocatorias resueltas por 22.000 millones de euros, con cargo a las partidas presupuestarias del Plan de Recuperación.