Los países del G7 (Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Japón), tras casi una década intentándolo, han alcanzado un acuerdo histórico para que las empresas de todo el mundo paguen un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades con el objetivo de lograr una armonización fiscal a nivel mundial y estrechar el cerco sobre los paraísos fiscales.

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España, que no está en el G7 pero había alentado durante los últimos días este acuerdo, ha reaccionado positivamente a la decisión, pese a que la misma implica un problema para el Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que se termine alcanzando un acuerdo global similar, pues tendrá que retirar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como tasa Google.

El statement publicado por las siete principales economías del mundo tras el encuentro celebrado en Londres incluye el compromiso de establecer una coordinación fiscal entre todos los países y eliminar todas las tasas que gravan específicamente los servicios digitales.

"Proporcionaremos coordinación apropiada entre la aplicación de las nuevas reglas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos a servicios digitales y otras medidas similares sobre todas las empresas", expone el G7 en su comunicado oficial.

De adherirse a un compromiso similar, España se vería obligada a retirar la tasa Google, uno de los impuestos de nueva creación del Gobierno de Sánchez. Esta tasa, en vigor desde el pasado mes de enero, grava con un 3% los servicios digitales a las empresas que acrediten unos ingresos globales mínimos de 750 millones de euros al año, de los que al menos 3 millones se generen en España. Se trata de un impuesto que afecta a los negocios de publicidad online, servicios de intermediación y venta de datos.

Con todo, el propio Sánchez ha celebrado el acuerdo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global. El G7 llega hoy a un acuerdo histórico que permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social", ha compartido el presidente del Gobierno.

La satisfacción de España tampoco es una sorpresa. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, firmaba el viernes en The Guardian junto a sus homólogos de Alemania, Francia e Italia (las cuatro mayores economías de la zona euro) una carta en la que se posicionaba a favor de un nuevo sistema fiscal internacional.

Misiva de apoyo

"Ahora es el momento de llegar a un acuerdo", decían los ministros en la misiva, en la que señalaban que la crisis ha supuesto "una bendición" para los gigantes tecnológicos por las abultadas ganancias que han registrado, no vistas en ningún otro sector económico. "La presencia física ha sido la base histórica de nuestro sistema tributario (...) Como cualquier otra empresa, deberían pagar su parte justa para financiar el bien público, a un nivel acorde con su éxito", añadían. "España continuará trabajando para lograr un acuerdo en el G20 este verano", apuntaba Calviño el sábado en su cuenta de Twitter.

En todo caso, queda tiempo para que España se vea obligada a retirar este impuesto. No en vano, el acuerdo alcanzado por el G7 solamente es un primer paso, dado que debe pasar en el mes de julio por la reunión que el G20 celebrará en Venecia y, más tarde, recabar el visto bueno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).

El tema del impuesto digital había sido uno de los más polémicos entre los miembros del G7, dado que Estados Unidos consideraba que Francia, Reino Unido e Italia debían retirar de inmediato sus impuestos digitales si querían suscribir el acuerdo, si bien los europeos insistieron en que los derogarían una vez exista un consenso global.

La Unión Europea podría beneficiarse ampliamente de esta medida. De acuerdo con un informe del Tax Observatory, un think tank financiado por el Gobierno comunitario, la imposición mínima del 15% podría permitir al conjunto de los países de la Unión Europea recaudar unos 48.300 millones más al año (98.000 millones si fuera del 21% y 168.000 millones con el 25%), una cifra que sería de unos 40.700 millones en el caso de Estados Unidos. Eso sí, no supondría un cambio excesivamente relevante para España, que recaudaría unos 700 millones más con el mínimo del 15% (5.400 millones con el 21% y 12.400 millones con el 25%). Con la tasa Google, en cambio, el Gobierno estima que puede recaudar unos 968 millones al año.

Victoria para Estados Unidos

Este paso permite a Estados Unidos ganarle la partida de la tributación de las grandes tecnológicas a España. El país anglosajón sienta así las bases para que todas las empresas paguen un mínimo del 15% (de hecho, la Administración Biden buscaba que el umbral fuera más alto), pero sin imponer un gravamen específico a las grandes compañías tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple...), a las que perjudican directamente impuestos como el puesto en marcha por el Ejecutivo español.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una comparecencia. Efe

Una tasa que nunca ha sido del agrado de Estados Unidos, como demuestra el hecho de que el país ha subido en varias ocasiones los aranceles a productos españoles como penalización por la creación de la tasa Google. Y no solo durante el mandato de la Administración Trump.

Hace apenas unos días se conocía que Estados Unidos tiene planes para imponer a productos como zapatos, cristalería o ropa una subida de los aranceles del 25%. El Departamento de Comercio de EEUU (US Trade) estima que el impacto de la tasa Google en las empresas de Estados Unidos se sitúa en unos 126 millones de euros al año (155 millones de dólares).

Con todo, no se trata de una medida de aplicación inmediata, sino que la Administración Biden ha decidido aplazar su imposición hasta el 29 de noviembre para dar tiempo a la OCDE a alcanzar un acuerdo sobre los impuestos a las grandes tecnológicas en todo el mundo. De no lograrse un consenso en ese plazo, aplicará la subida de los aranceles a productos españoles, como hiciera en el pasado Donald Trump en varias ocasiones.

El compromiso del G7, además, choca frontalmente con las intenciones de la OCDE. La organización lleva meses trabajando para alcanzar un acuerdo sobre la fiscalidad digital que está siendo muy difícil de lograr dadas las diferencias de criterio que existen entre las administraciones mundiales.

"Estamos a unos meses de distancia de poder tener un acuerdo sobre el tema de los impuestos digitales, incluyendo un impuesto mínimo", confiaba la pasada semana Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. La propia organización tendrá que analizar dentro de algunas semanas el acuerdo alcanzado este fin de semana por el G7.

Coto a los paraísos fiscales

El acuerdo del G7 persigue que las grandes multinacionales tributen donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física, con el objetivo de asegurarse que pagan un mínimo del 15% de sus ganancias. Eso sí, la definición de grandes multinacionales aún debe acordarse a nivel global.

Con todo, supone un mensaje directo para compañías como Google, Facebook o Apple, acostumbradas a establecer sus sedes en países con impuestos de Sociedades relativamente bajos (los conocidos como paraísos fiscales) y declarar allí todas sus ganancias, pese a obtener gran parte de ellas en otros lugares.

Estas firmas son conscientes del cambio que se está promoviendo a favor de la armonización fiscal mundial. "Queremos que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconocemos que esto podría significar que Facebook pague más impuestos y en diferentes lugares", apuntaba tras conocer el acuerdo Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook y ex vice primer ministro de Reino Unido.

La decisión tomada el sábado por las grandes economías mundiales supone un paso más en el movimiento para estrechar el cerco sobre los paraísos fiscales y abre la puerta a que los países fuera de esta consideración recauden lo que consideran "justo" por la actividad que se realiza en sus territorios. "Este acuerdo es un gran paso hacia la equidad y la igualdad de condiciones", apuntaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre el acuerdo del G7.

Precisamente, hace apenas unos días los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaban a un acuerdo político para que la Unión Europea obligue a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los 27 Estados miembros.

La Unión Europea actualiza dos veces al año su lista negra de paraísos fiscales, que en la actualidad está comprendida por Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Sin embargo, otros países más cercanos a España, como Irlanda, Suiza u Holanda, son considerados habitualmente por la opinión pública como parte del grupo de paraísos fiscales.

Aunque tenga que renunciar a la tasa Google, a España le interesa luchar contra los paraísos fiscales. No en vano, la tributación de compañías en estos países resta a España en torno a un 14% de los ingresos anuales que recauda por el Impuesto de Sociedades, de forma que en la última década ha dejado de recibir unos 45.000 millones de euros, de acuerdo con Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda.

Aún queda tiempo para que la reforma fiscal pueda lograrse a nivel mundial y este pacto, pese a su valor histórico, tiene escollos que superar, como el que se encontrará en la OCDE. Con todo, supone un paso adelante en la lucha contra la elusión fiscal, aunque tenga consecuencias casi directas para el Gobierno de Sánchez.

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