Hace dos semanas, el Gobierno aprobó el esperado paquete de ayudas a las empresas, que incluye fondos directos para pymes y autónomos por valor de 7.000 millones de euros. Sin embargo, en un imprevisible giro de los acontecimiento, las autonomías lideradas por el Partido Popular han denunciado esta medida. De hecho, acusan al Ejecutivo "imponerles" la gestión de dichas ayudas sin haberles consultado. 

Los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Ceuta han firmado una declaración conjunta en la que interpretan que la medida es "un menosprecio" a las regiones. 

En el texto, al que ha tenido acceso Invertia, denuncia que los criterios que se tendrán que aplicar en el reparto de fondos no se ha consensuado con ellas antes de asignarles dicha responsabilidad , "y sin darnos la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto". 

"Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio", critican. 

Por ello, insisten en que "este es un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que suconcepto de co-gobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral, imponiéndonos la
obligación de gestionar ayudas que entrañan una gran complejidad y deja
muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender".

En este sentido, denuncian que "mediado ya el mes de marzo, tampoco sabemos nada del Fondo Covid 2021. Y ahora asistimos perplejos a esta última decisión desleal y sin consenso. 

Ante esta situación, demandan que "se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar conjuntamente y con la máxima urgencia entre Estado y comunidades autónomas una modificación del Real Decreto-ley 5/2021, así como abordar la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en
nuestras empresas y autónomos.

Cabe recordar que hace dos semanas que se aprobó el correspondiente RDL, y las críticas han surgido pero respecto a que Canarias y Baleares se queden con 2.000 de los citados 7.000 millones. Y la denuncia autonómica surge en medio del clima prelectoral que está generando las elecciones de Madrid.