Los principales despachos de abogados de España acumulan en estos momentos miles de expedientes para solicitar concurso de acreedores "de manera inmediata", en especial de pequeñas y medianas empresas de sectores como comercio, hostelería y turismo.

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Una situación que podría generar una verdadera avalancha de estos procedimientos en dos semanas, cuando el 14 de marzo expire la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en abril de 2020 y prorrogada en noviembre. Esta normativa exime a las empresas de presentar concursos de acreedores, pese a encontrase en una situación de insolvencia. 

Los despachos y sus clientes (las empresas) están pendientes de una posible nueva prórroga del Ministerio de Asuntos Económicos que podría detener nuevamente estos procedimientos; y del paquete de ayudas por 11.000 millones que anunció Pedro Sánchez esta semana.

En el primero de los casos, fuentes oficiales del Gobierno han indicado a este diario que se tomará una decisión en los próximos días y, en el cuanto a las ayudas, se estima que a partir del mes de marzo se concretará el paquete, sus modalidades y la forma en que las empresas podrán solicitarlas.

Con todo, la situación económica de estas pymes está lejos de mejorar por la situación sanitaria que no repunta, por lo que, si no llegan ayudas directas, es probable que sea inevitable que estos procedimientos concursales se activen tarde o temprano.

Prórroga hasta marzo

El pasado 17 de noviembre, el Ejecutivo anunció un nuevo decreto de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, cuya Disposición Final Décima incorporó la ampliación de la moratoria para presentar concursos en vigor desde finales de abril del año pasado.

Este decreto amplió la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Los acreedores no podrán instar a concurso por incumplimiento de convenios o de refinanciaciones hasta que llegue el mes de febrero. Por otro lado, los jueces no tendrán obligación de declararlo, ni tampoco las propias empresas insolventes, hasta pasado el 14 de marzo.

La normativa buscaba convertirse en una ayuda para mitigar la prolongada duración de los efectos de la pandemia sobre el tejido económico empresarial, con el objetivo de que empresas viables, pero afectadas por la Covid, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación.

La realidad indica que los números dieron la razón a esta normativa, aunque esto no ha evitado que muchas de estas empresas sigan teniendo problemas de liquidez.

Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se produjo una caída del 14,4% de las empresas en concurso, hasta sumar 4.097, y de la disminución en un 12,1% de las familias que se declararon en quiebra, que totalizaron 2.621 en el conjunto de 2020.

Menos concursos

De esta forma, se puso fin a dos años consecutivos de ascensos de las empresas en concurso y a cuatro años de repuntes de las familias que se declaran insolventes. El número total de los deudores concursados (sumando empresas y personas) registrado en 2020 pone fin a tres años de aumentos.

No obstante, en el último cuarto del año pasado, el número de deudores concursados se disparó casi un 45% en relación con el trimestre anterior. Una situación que refleja que, pese a que no es obligatorio declararlos, la presentación de concursos se hace cada vez más inevitable tras el impacto de la segunda y tercera ola de la pandemia.

Los cierres perimetrales, las restricciones al comercio y a la hostelería que se han activado durante la segunda parte del año pasado y comienzo de este 2021 han sido la puntilla para muchas empresas que ya quedaron muy tocadas por la pandemia. Es por ello que muchas de ellas han decidido formalmente echar el cierre y solo esperan una eventual moratoria del Gobierno para paralizar el concurso de acreedores.

Buena parte del sector de la hostelería y el turismo está pendiente de que se conozcan los detalles de plan de 11.000 millones anunciado por Pedro Sánchez esta semana. La ministra de Asuntos Económicos lleva semanas preparando el proyecto, aunque no se espera conocer la letra pequeña hasta marzo.

Esto coincide además con el fin de las moratorias de concursos el 14 de ese mes. Para las empresas es clave saber si estas se van a extender para, eventualmente, poder optar a las nuevas ayudas de 11.000 millones.

Nuevas ayudas a pymes

Según Sánchez, el nuevo paquete de ayudas se centrará en "seguir apoyando a los sectores que crecían antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación difícil", como es el caso del sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio.

La entrega de esas ayudas no solo buscará reforzar los balances de esas empresas, sino que también tratará de ayudar a que puedan sostener el empleo para impulsar la recuperación. "No sólo queremos salvar empresas y empleos sino reforzarlos y crear nuevos", afirmó el presidente de Gobierno.

En esta lógica, tiene mucho sentido que se apruebe una nueva moratoria para no tener la obligación de presentar los concursos de acreedores de cara a optar a estas ayudas, pese a que algunas voces han advertido de que una prórroga podría provocar un aumento de empresas zombis (inviables).

Desde el Ejecutivo siempre se ha asegurado que es todo lo contrario: se trata de preservar la solvencia de empresas viables y más si llegarán nuevas ayudas. En cualquier caso, estamos ante dos semanas de mucha tensión para estas compañías y sus despachos de abogados con un concurso de acreedores inminente que esperan cuanto antes un pronunciamiento del Ejecutivo.

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