La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un documento sobre solvencia empresarial y derecho concursal en el que apuesta por introducir un "filtro más rápido" para saber qué empresas son viables y cuáles no y actuar de manera diferenciada según los casos.
Según apunta la magistrada Marta Cervera Martínez en dicho documento, las empresas que sí se consideraran viables serían reestructuradas mediante un proceso de negociación extrajudicial en el que la intervención de la Justicia se limitaría a activar "escudos protectores", por ejemplo paralizando ejecuciones, homologar los acuerdos y resolver posibles impugnaciones.
En el caso de que se concluyera que la empresa no es viable, se entraría en un proceso orientado a su rápida liquidación, incluyendo la posibilidad de vender unidades de negocio en funcionamiento.
Procesos concursales
Según Cervera, estos cambios, que irían en la línea de la evolución iniciada en las sucesivas reformas de la Ley Concursal de 2003, podrían introducirse con ocasión de la trasposición de la nueva directiva europea sobre reestructuraciones empresariales.
En este mismo documento, el profesor Jordi Maristany aconseja modificar el régimen legal para facilitar la venta de unidades de negocio, permitiendo su adquisición por personas especialmente relacionadas con la empresa concursada, como sus socios y administradores, a menos que hayan generado o agravado el estado de insolvencia.
En su opinión, esta solución generaría notables ventajas individuales y colectivas, haciendo más probable tanto la venta de unidades productivas como su supervivencia al aumentar el número de compradores potenciales. "Facilitar la venta de unidades productivas es una necesidad particularmente acuciante en la situación creada por la pandemia", sostiene.
Por su parte, la profesora Marta Flores advierte en el documento de Fedea de que el derecho concursal "de emergencia" dictado a raíz de la pandemia y con el que se persigue facilitar la continuidad de empresas en dificultades, ha generado "cierto grado de inseguridad jurídica" al coexistir con el derecho concursal ordinario.
Medidas adicionales
Así, afirma que existe un consenso sobre la conveniencia de aclarar cuanto antes cuestiones dudosas y susceptibles de provocar conflictos, pero reconoce que no existe, en cambio, el mismo grado de consenso acerca de si conviene o no extender medidas tan importantes como prorrogar la moratoria concursal más allá de marzo de 2021.
Flores recomienda además dos medidas adicionales, dirigidas a agilizar el procedimiento: por un lado, suprimir el plan de liquidación y, por otro, articular la venta de unidades productivas mediante el denominado 'prepack' que han propuesto los titulares de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.
Ayudas directas
Por su parte, Ángel de la Fuente y Benito Arruñada advierten en el documento de que hasta un 40% de las empresas españolas necesitará llevar a cabo en los próximos meses al menos una reestructuración de los plazos de su deuda para poder seguir haciendo frente a los intereses, y más de un tercio de este grupo tendrá, además, problemas de solvencia.
Así, ante esta situación, ambos autores ofrecen posibles actuaciones a considerar, entre ellas el fomento de los mecanismos de mercado de recapitalización, las ayudas directas a las empresas y sectores más afectados, y la agilización y mejora de los procedimientos concursales y preconcursales, siempre con el objetivo de mitigar los costes de la pandemia, especialmente los derivados de un exceso de mortalidad empresarial