Pedro Sánchez y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han propuoesto el nombramiento de Cani Fernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sustitución de José María Marín Quemada, cuyo mandato expiró hace seis meses.

Un nombramiento que no ha estado exento de polémicas por la trayectoria de Fernández, fichada en febrero por Iván Redondo para su oficina de asesores y una de las mayores expertas en Competencia de toda España y la Unión Europea. La salvedad es que sus mayores logros y experiencia en el sector la ha atesorado desde la acera opuesta al organismo al que está llamada a dirigir.

De hecho, como consta en su propio currículum publicado por Cuatrecasas -despacho donde ha trabajado los últimos 23 años y al que llegó a postularse como consejera delegada- ha asesorado a buena parte de las empresas del Ibex, en emblemáticos procesos de concentración y de investigación que la han enfrentado a la CNMC en los últimos diez años.

En su condición de miembro y posterior directora de la Oficina de Competencia y Prácticas Legales en la Unión Europea del bufete, Fernández asesoró expedientes tan importantes como la compra de Digital+ por parte de Telefónica a Prisa, la fusión de Enel y Endesa en la que estuvo involucrada Acciona y la operación de Agbar y Suez con presencia de Caixabank.

Ha sido además la abogada defensora en los procesos abiertos por parte de la CNMC contra, por ejemplo, Enel Viesgo, por abuso de posición de dominio; Mediaset, acusada de prácticas contrarias a la competencia en el mercado publicitario de televisión; y de Uber, respecto de su equiparación a las mismas condiciones de los taxistas.

Relación con empresas

También ha asesorado a Coca-Cola y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido al Banco Popular, Codorniu, Uber e IQV. También ha representado a Danone para defender su marca registrada Bio durante la reforma del reglamento sobre producción orgánica, y la Comisión Europea ante el TJCE en varios casos de contratación pública y mercado interno.

Procedimientos que en su filosofía buscan restringir la competencia, restando actores al mercado y con supuesto abuso de posición de dominio. Según reza en su currículum -ya retirado de la web de Cuatrecasas- Cani Fernández ha asesorado a importantes empresas españolas e internacionales en materia de derecho de competencia español y de la UE, "incluido el asesoramiento sobre control de fusiones, antimonopolio (defensa en cártel e investigaciones de abuso de dominio por parte de las autoridades nacionales y europeas) y litigios en estos campos".

"Su experiencia abarca una amplia gama de sectores, incluidos productos farmacéuticos, químicos, alimentos, automotriz, medios, telecomunicaciones y energía", concluyen. Estamos ante una abogada que ha tenido como clientes a buena parte de las empresas más importantes de España, muchas de las cuales en el futuro podrían volver a enfrentarse a investigaciones o futuros procesos de fusiones.

Fernández deberá vigilar a empresas a las que defendió sus intereses, muchas veces en contraposición a los de la CNMC que ahora presidirá. Las fuentes consultadas por Invertia indican que  todos estos casos están fallados y que legalmente no estaríamos en un caso de incompatibilidad, pero tendría que inhibirse en procedimientos que involucren a las empresas que ha tenido como clientes. 

La Ley de la Administración General del Estado establece que el presidente de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en las que tenga un interés propio, familiar o de cuestión litigiosa pendiente.

Del mismo modo, otras fuentes del sector indican que no es apropiado que quien ha pleitado durante dos décadas contra la CNMC defendiendo a empresas privadas, sea ahora su principal ejecutiva. Nadie duda de su calidad profesional y de que es una de las mayores expertas del tema, pero estamos hablando de un perfil radicalmente distinto al del actual presidente José María Marín Quemada.   

Fichada por Iván Redondo

Su pasado y presente como profesor universitario, dircom de Cepsa y consejero del Banco de España, dista mucho de la relación con la empresa privada que ha tenido la candidata a sucederle desde hace más de dos décadas.  

Del mismo modo, tampoco ha sentado bien que la designada haya sido fichada en febrero por Iván Redondo para su oficina de asesores. Redondo es uno de los hombres más cercanos a Sánchez y tener a Fernández cuatro meses en su equipo ha sido otro punto de conflicto que choca con la independencia que por ley debe tener la CNMC del Gobierno.

El presidente o presidenta de la CNMC debe ejercer su labor con independencia en relación al Gobierno, según el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El movimiento para justificar que no ha pasado directamente de la empresa privada a la CNMC ha tenido probablemente el efecto contrario, dicen las fuentes consultadas.

De hecho, este lunes y horas después de conocerse su designación, el Partido Popular rechazó la designación asegurando que "no es el perfil oportuno". Además, ha recordado al Ejecutivo de Pedro Sánchez sus críticas en el pasado a las llamadas "puertas giratorias". 

"No compartimos ese nombramiento porque consideramos que no es el perfil oportuno para ostentar esa responsabilidad. El PP no comparte ese cargo", afirmó la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.

Es verdad que la designación definitiva, así como la de los otros miembros del consejo de la CNMC que serán renovados, deberá hacerse efectiva por el Congreso de los Diputados.

No obstante, y pese a que el PP se ha opuesto al nombramiento, los guiños a Podemos y a partidos que votaron la investidura de Sánchez en los cuatro miembros restantes que deben acompañar a Fernández en el consejo de la CNMC, allanarían el camino para una designación sin mayores dificultades

Nuevos consejeros

El actual consejo de la CNMC tiene que renovar cinco de sus puestos. La presidencia, la vicepresidencia y tres puestos en el consejo de administración. Además de Fernández, también se ha propuesto como número dos de la CNMC a Ángel Torres y como miembros del consejo a Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep María Salas, los dos últimos vinculados a En Comú Podem y ERC.  

Salas ocuparía la cuota catalana que deja Josep María Guinalt, que fue propuesto por CiU en el año 2013. El resto de miembros que se van a relevar son el propio presidente, José María Marín Quemada; la vicepresidenta, María Fernández; y dos consejeros: Clotilde Higuera y Benigno Valdés, todos ellos próximos al PP.

Mantendrán su puesto Bernardo Lorenzo y el marido de Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, ambos próximos al PSOE; Pilar Canedo (a propuesta de Cs); María Ortíz, también cercana al PP y Xabier Ormaetxea, próximo al PNV.