Pese a que lo ocurrido en China, Corea del Sur e Italia podría haber servido de aviso, lo cierto es que la veloz expansión del coronavirus en España ha obligado a trabajar contrarreloj en los últimos días al Gobierno. Lo ha hecho para elaborar un primer plan de choque económico que ayude a frenar una pandemia que provocó este jueves la mayor caída de la historia del Ibex 35.

En pocos días, el Ejecutivo ha movilizado cerca de 19.000 millones de euros para revitalizar la economía. Pero ha evitado crear un gran fondo de contingencia, como le pedían los agentes sociales, o poner sobre la mesa dinero nuevo. En lo que ha centrado ese plan es en adelantar dinero a las comunidades autónomas y 'prestar' dinero a las empresas a través de una moratoria de seis meses, sin intereses, en el pago de impuestos.

Es decir, dentro de medio año, los autónomos y compañías españolas que no están teniendo ingresos en este momento -y quién sabe durante cuántas semanas- a causa de las medidas de contención del coronavirus tendrán que pagar a Hacienda los 14.000 millones de euros que Sánchez anunció como una gran inyección para la economía española.

Lo mismo ocurrirá con los 400 millones de euros que ha habilitado en una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a empresas de sectores devastados por la enfermedad, como el turismo.

Una cuantía que indignó a las aerolíneas que, en un comunicado difundido por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), recordaron que esa cifra representa casi la mitad de las ayudas activadas por el cierre de Thomas Cook. En esa misma línea, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calificó las medidas anunciadas de "claramente escasas".

La decepción fue tal que hasta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendores (UTAE), que simpatiza con la coalición de izquierdas del Gobierno, lamentó el contenido del plan de choque. "Parece que el Gobierno no es consciente de la magnitud del impacto económico de esta crisis”, criticó su secretaria general, María José Landaburu, en un comunicado.

Con más templanza, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afirmó en una rueda de prensa que ese aplazamiento "ayuda" a pasar una crisis que será "temporal". Pero recordó que en su documento de propuestas firmado con los sindicatos se ha pedido la creación de un fondo de contingencia para las empresas que han visto caer en picado su actividad.

Garamendi confía en que se aprueben nuevos paquetes de ayudas, como dejó entrever Pedro Sánchez en su rueda de prensa. Así, esperan que se incorporen con urgencia otras medidas, como la regulación de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) para proteger mejor a los trabajadores, y que se haga uso de la flexibilización del déficit para anunciar nuevas ayudas para las empresas.

La CEOE también reclamó a las Administraciones Públicas que solucionen la morosidad que mantienen con pequeñas empresas, algo que ayudaría a las empresas en este momento difícil.

Malestar en las autonomías

El presidente hizo algo parecido con las comunidades autónomas, a las que prometió transferir 2.800 millones de euros apuntando a esa cifra como una "importantísima inyección de recursos en el sistema sanitario" para luego añadir que ese dinero procedería del adelanto de las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De este modo, lo único que hará el Gobierno es adelantar el pago de un dinero que les corresponde para 2020 y por tanto, obligará a las autonomías, como Madrid, La Rioja o País Vasco, más afectadas por el Covid-19 a reducir otras partidas presupuestarias para poder hacerse cargo del gasto sanitario que se ha desbordado por la pandemia.

"No se crea una línea de ayudas nuevas para las comunidades autónomas, ni se nos va a dar financiación extra. Es el dinero ya comprometido para este año", señalaban a este periódico en el entorno de la Comunidad de Madrid con malestar tras el anuncio telemático de Pedro Sánchez.

Grandes incógnitas

El hecho de que la comparecencia de prensa fuera televisada y con preguntas controladas impidió aclarar muchas de las dudas que siguen en el aire sobre los recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente al coronavirus. La primera y clave para entender el resto sería saber cuánta es la flexibilidad del déficit que Sánchez ha conseguido arrancar a Bruselas. 

Tampoco está claro de dónde van a salir otras partidas, como los 25 millones de euros que el presidente del Gobierno anunció que pondría a disposición de las familias más vulnerables para que puedan alimentar a sus hijos con los comedores de los colegios cerrados.

El Ministerio de Hacienda sí habilitará un fondo de contingencia con 1.000 millones de euros para hacer frente al Covid-19 en el frente sanitario. Será un gasto cuyo destino decidirá el Ministerio de Sanidad.

Los 50 millones que tendrán como coste inicial las tres semanas previstas de bajas laborales de enfermos y trabajadores en cuarentena serán costeadas por la Seguridad Social. 

Pero se trata de cantidades simbólicas dentro de los más de 18.000 millones de euros en "inyecciones para la economía" que anunció el presidente del Gobierno.

A última hora de la tarde, el líder de la oposición, Pablo Casado, tildó el plan de Sánchez de "muy decepcionante" y señaló en que las propuestas económicas del Gobierno "no son las medidas para reactivar una economía" que está "en caída libre".