Los momentos más duros de la crisis ya se han pasado y los funcionarios piden que la recuperación también les llegue a ellos en forma de una jornada laboral más corta. Así se lo están trasladando los sindicatos a las comunidades autónomas en las reuniones que están realizando en el seno de la negociación colectiva para acordar las condiciones de trabajo para 2017. Sin embargo, esta negociación colectiva está acotada por la Ley de Estabilidad, que limita la reducción de la jornada de los trabajadores públicos a 37,5 horas semanales. Esto significa que la última palabra la tiene Mariano Rajoy, o Cristóbal Montoro, como ministro de Función Pública.
La negociación colectiva en las comunidades autónomas avanza por la buena dirección, explican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Andalucía ha sido quien ha dado el primer paso para recortar la jornada de los funcionarios, bajando su horario a 35 horas semanales, pero otras regiones van a seguir su decisión. Por ejemplo, en Extremadura han alcanzado un acuerdo para reducir la jornada en algún momento a lo largo del año.
En Castilla-La Mancha ya se aprobó el año pasado, pero el Tribunal Constitucional tumbó esta decisión alegando que vulnera la Ley de Estabilidad. Sin embargo, los ayuntamientos de las capitales de provincia de la autonomía ya están aplicando la jornada de 35 horas para los trabajadores municipales, con la única excepción de Ciudad Real.
El País Vasco también impulsó la jornada de 35 horas para sus funcionarios, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vetó esta medida por saltarse la normativa estatal. A pesar de que no se está aplicando, la voluntad del Parlamento vasco es que se haga en cuanto se pueda. Esto es, cuando el Gobierno dé su brazo a torcer. El Ayuntamiento de Madrid también aprobó la jornada de 35 horas el año pasado, pero está paralizada por el recurso de la Delegación de Gobierno autonómico del Partido Popular.
La negativa del Gobierno a rebajar la jornada de los funcionarios no ha impedido este avance de la negociación colectiva a nivel autonómico. De hecho, el avance más significativo se ha producido en Castilla y León, una autonomía gobernada por el Partido Popular. En esta comunidad, la Junta y los sindicatos han acordado enviar al Gobierno una carta en la que piden que “a la mayor brevedad posible” se realicen “las modificaciones normativas necesarias” para que los trabajadores públicos de la comunidad puedan “recuperar los derechos perdidos”. Esto es, restablecer la jornada de 35 horas. Esta vez son los propios populares quienes piden al Gobierno que revierta esta normativa creada en plena crisis, para que los funcionarios recuperen una parte de los derechos perdidos.
También hay otras autonomías donde los sindicatos siguen negociando con los líderes autonómicos rebajar su jornada laboral. En concreto, en Cataluña y La Rioja está este punto dentro de las conversaciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, CSI-F ya llevó esta propuesta el año pasado, pero el Gobierno de Ximo Puig decidió rechazarla, por lo que el sindicato no firmó el acuerdo.
Reunión en el Ministerio
Los representantes de CSI-F, Comisiones Obreras y UGT se reunirán este lunes con el Ministerio de Hacienda y Función Pública con el objetivo de avanzar en un acuerdo para dar mayor margen de actuación a las autonomías. “Lo que defendemos es que no se puede interferir en una negociación colectiva realizada entre una Administración y los sindicatos”, explica el CSI-F a este periódico. Por el momento, el Ministerio se opone a esta rebaja, alegando que España ya está entre los países europeos donde los funcionarios trabajan menos horas. Reino Unido y Alemania son los países más exigentes, ya que tienen jornadas de 41 horas semanales, mientras que la Comisión Europea establece 40 horas de trabajo y, en el extremo más bajo sólo están Francia y Portugal, que permiten jornadas de 35 horas.
Lo que parece evidente es que si el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional, conseguirá vetar cualquier reducción de la jornada por debajo de las 37,5 horas semanales, ya que cuenta con el precedente de la sentencia de Castilla-La Mancha del pasado mes de septiembre. Sin embargo, el objetivo del sindicato es convencer al ministro de que cambie la normativa y así permita que las autonomías establezcan sus propias condiciones en el seno de la negociación colectiva.
Los funcionarios y trabajadores públicos tienen derecho a saber qué va a pasar con sus retribuciones y su situación
CSI-F acepta que existan diferencias en la jornada laboral de los diferentes empleados públicos en función de la Administración a la que estén suscritos. Para el sindicato, este no es el asunto relevante, sino que se permita que funcione la negociación colectiva sin la injerencia del Estado.
En esta reunión en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el CSI-F exigirá que se retome el diálogo social entre los sindicatos y las Administraciones para cerrar, cuanto antes, cuáles van a ser las condiciones laborales para este año, incluyendo el número de horas de la jornada laboral y la revalorización de los salarios. “El diálogo social no puede estar parado ni un minuto más”, reclama el sindicato, “los funcionarios y trabajadores públicos tienen derecho a saber qué va a pasar con sus retribuciones y su situación”.
Aliada Díaz
Además de la presión autonómica, los funcionarios también quieren forzar al Gobierno a reconsiderar su posición a nivel nacional, y para ello han encontrado el apoyo de Susana Díaz. La presidenta andaluza, que ha puesto ya en marcha la jornada de 35 horas en su comunidad, respalda la demanda del CSI-F y, con ella, el resto de Ferraz.
“El PSOE asume esta reivindicación”, señalan desde el sindicato, “contaremos con su ayuda en las negociaciones con el Gobierno. Para Hacienda, cualquier demanda desde el PSOE es bienvenida, ya que pretende utilizarlas como llave para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2017.
El respaldo verbal de Díaz no se ha transmitido en un respaldo presupuestario a la medida, lo que pone en serias dudas cómo podrá financiar la Junta de Andalucía este cambio. Según sus estimaciones, el coste de reducir la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas es de 255,5 millones de euros, ya que obligará a la contratación de nuevo personal para realizar todas las tareas. Sin embargo, en sus Presupuestos, la comunidad no ha reservado recursos para este incremento de los gastos de personal. El Capítulo 1 se ha incrementado en 132 millones de euros y, una buena parte de esta subida se destinará a gastos ordinarios. Si el Gobierno autoriza finalmente la jornada de 35 horas, Andalucía tendrá que retirar dinero de otras partidas ya presupuestadas para asumir este gasto.