Montero se niega a tocar la Ley de Desindexación y frustra la estrategia de Díaz para acercarse a la CEOE

Según ha podido saber este periódico, María Jesús Montero se niega a hacer cualquier cambio que implique relajar la Ley de Desindexación y que los contratos públicos puedan modificarse al alza cuando la subida del SMI afecte a los costes de las empresas que trabajan con la Administración.

La negativa de la cúpula de Hacienda es firme. En el departamento consideran que una medida así provocaría que las Administraciones Públicas pagaran la subida de los salarios mínimos. Una subida que, a su juicio, debe ser asumida por los empresarios.

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En el departamento aseguran que tienen la puerta abierta a explorar medidas que faciliten un acuerdo en el Diálogo Social para subir los sueldos más bajos. Ponen como ejemplo que se vaya a mantener la deducción del IRPF. Sin embargo, cambiar la Ley de Desindexación no entra en estas hipótesis.

Desde la anterior legislatura, varios ministerios se han dirigido al departamento que dirige María Jesús Montero para rebajar o anular esta norma, que impide que los contratos de las empresas con las Administraciones Públicas se adecúen y actualicen a la evolución de la inflación o los sueldos.

Como ha contado ya EL ESPAÑOL-Invertia, esta norma, que se aprobó de la mano de Cristóbal Montoro en 2015, ha provocado importantes enfrentamientos entre los ministerios.

Sin embargo, los de Hacienda y Economía la defienden con uñas y dientes, dado que cuentan con esta norma para que no se dispare el gasto público.

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Esto va contra la posición del resto de ministerios, que ven limitada su capacidad de negociación con los agentes sectoriales. Esta situación llevó, durante la crisis inflacionaria en materias primas desatada por la guerra en Ucrania, a que se dispararan las licitaciones públicas desiertas.

La negativa, de nuevo, de Hacienda a modificar la Ley de Desindexación deja sin fuerza la última intentona del Ministerio de Trabajo para atraer a la CEOE a un pacto para subir el SMI.

El departamento de Yolanda Díaz quiere que el aumento sea del 3,1%, más que el doble de lo propuesto por la patronal. El desacuerdo se daba por hecho, pero la posibilidad de que se modificara la Ley de Desindexación permitió que la CEOE no se levantara de la mesa de negociación.

Sin embargo, el no rotundo de Montero a relajar o cambiar la norma aboca a que, de nuevo, sea imposible un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Y tensa, también, futuros diálogos, puesto que los de Yolanda Díaz confiaban en emplear la baza de la Ley de Desindexación en otras negociaciones.