CCOO y UGT han sido grandes aliados del Gobierno para sacar adelante numerosos acuerdos, todos ellos en el marco de negociaciones que se han extendido durante meses. Sin embargo, en las últimas 48 horas, las relaciones se han tensado, después de conocerse que Díaz había prescindido de ellos para cuestiones en las que tenían bastante que decir.

Algunos desplantes eran repetidos, como ha ocurrido con la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales o sectoriales. La medida se conoció el martes y el Boletín Oficial del Estado (BOE) la constató el miércoles.

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En diciembre de 2023, ocurrió lo mismo y Díaz metió esa primacía de los convenios autonómicos en el real decreto de la reforma de los subsidios. El Congreso tumbó el texto y esa prevalencia no tuvo más recorrido. Pero era una promesa del PSOE al PNV para que los vascos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez, por lo que en algún momento tendría que volver al BOE.

La ocasión ha sido la misma que entonces: la reforma de los subsidios por desempleo. Aquella vez, CCOO y UGT ya avisaron de que las cuestiones que afectan "a la autonomía de las partes negociadoras" debían contar, por tanto, con la consulta de esas partes.

Entonces, los sindicatos hicieron la vista gorda con el hecho de que Trabajo ni siquiera negociara la reforma en sí. Díaz arguyó en aquel momento, y lo ha seguido haciendo después, razones de tiempo para cumplir con Bruselas. 

Sin embargo, los sindicatos han elevado el tono en esta ocasión. Fuentes de la negociación confirman que durante los meses de negociación jamás se habló de convenios autonómicos, por lo que la sorpresa ha sido mayúscula. La actitud de Díaz ha sido tachada de "atentando contra el diálogo social" y de "injerencia".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Fernando Sánchez Europa Press

Las organizaciones sindicales no han dudado en hacer público su enfado con el Ministerio de Trabajo. Aunque a través de comunicados separados, tanto CCOO como UGT respondieron a Díaz con sus mismos argumentos.

La ministra siempre ha defendido el diálogo social como seña de su cartera y ha ensalzado la importancia de los agentes sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos, cuyos roles se definen en uno de los primeros artículos de la Constitución. En el 7, en concreto, que fue al que apelaron CCOO y UGT para reivindicar su papel en una negociación que nunca existió.

Consejo Económico y Social

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre el resto no era la única sorpresa que tenía preparada Trabajo en el real decreto ley de la reforma de los subsidios. El texto también contemplaba una modificación del reglamento del Consejo Económico y Social (CES). El cambio concreto se refiere a los miembros del Consejo del CES representantes del Grupo Segundo, integrado por los empresarios.

La elección de estos empresarios era, por el momento, competencia exclusiva de CEOE y Cepyme, pero ahora se abre a "las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas" también en las comunidades autónomas. 

De esta forma, se abriría la puerta del CES a patronales autonómicas, como la catalana Pimec y la balear Pimeb, que tienen acreditada una representatividad de más de un 15% en sus regiones, según indican fuentes de empresariales a EL ESPAÑOL-Invertia.

Aunque esta decisión no afecta a los sindicatos, CCOO afeó al Gobierno que esa reforma no constaba en el "acuerdo con las organizaciones sindicales". Al sindicato tampoco le convenció el instrumento legislativo elegido, un real decreto-ley, para modificar la ley del CES.

Proceso de consulta

"Máxime cuando el Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha abierto previamente un proceso de consulta y diálogo con los agentes sociales y la propia institución. Recordamos que el CES recoge el diálogo social institucionalizado y, por lo tanto, las formas en la que se aborde su modificación legislativa es de suma importancia", recalcaron.

Los sindicatos añaden una cuenta más al rosario de desplantes de Díaz. Trabajo y las organizaciones sindicales están de acuerdo en reformar el despido, pero no tanto en las formas. 

La vicepresidenta segunda ha hablado de modificar el despido por incapacidad sobrevenida desde que se borró de la Constitución el término disminuido y en el Consejo de Ministros de este martes anunció los primeros pasos, sin ninguna participación sindical. La respuesta no tardó en llegar.

CCOO entendía que cualquier cambio en el Estatuto de los Trabajadores, como es el despido, requiere de la consulta previa de las partes implicadas y no de asociaciones que "pueden aportar al debate", pero que carecen de legitimidad constitucional para "abordar estos procesos de negociación".

La asociación aludida es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con la que Díaz consultó la nueva redacción.

El gesto supuso para el sindicato una ruptura de "la normalidad en el desarrollo del diálogo social". Pese a los reproches de los agentes sociales a las nuevas maneras de Díaz, la vicepresidenta segunda volverá a sentarles a la mesa el 31 de mayo para conseguir su respaldo en una de sus medidas estrella para esta legislatura, la reducción de jornada.