Queda poco más de una semana para que acabe 2022 y, con él, el plazo oficial para que el Gobierno apruebe la segunda pata de la reforma de las pensiones. Ante la falta de acuerdo con los agentes sociales en los dos asuntos mollares que la integran, la ampliación del periodo de cómputo de estas prestaciones y el destope de las bases máxima de cotización, el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto la puerta a la reforma se tenga que cerrar entrado 2023.

¿La razón? Lograr adherir a los agentes sociales a un acuerdo que se aprobará como real decreto-ley para asegurar su vigencia inmediata.  

Europa Press informa de que fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo. Con todo, también consideran que, si los tiempos se superan, no existirían problemas con la Comisión Europea. 

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En este sentdio, recuerdan que tampoco hubo complicaciones cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación.

Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.

Sin embargo, para llegar a un acuerdo, haría falta que la negociación se acelerera en los próximos días y lograr que sindicatos y patronal cedieran en sus posturas, algo que no parece factible a día de hoy. 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dio por hecho este jueves que no habrá reforma de pensiones antes de 2023. La negociación, explicó, va "muy lenta", por lo que "en ningún caso", dijo, acabará antes de que finalice este año. "Le quedan bastantes capítulos a esta negociación", opinó.

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Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

En relación a la subida de las bases máximas de cotización, otro objetivo de esta segunda reforma, el documento inicial del Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.