Guerra en el Diálogo Social. Concretamente, entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo. La patronal ha cargado contra el Ejecutivo por pactar con EH Bildu que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recupere poderes en la tramitación de los despidos colectivos, puesto que decidirá si los expedientes de regulación de empleo (ERE) están justificados o no a través de un informe preceptivo. 

El cambio, introducido a través de una enmienda transaccional en el proyecto de Ley de Empleo (que se está tramitando en el Congreso), ha soliviantado a los empresarios. De hecho, consideran que el acuerdo con la formación independentista supone "una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral".

"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable", protesta la patronal en un comunicado. 

"Tramposa"

"A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe", añade la CEOE. 

Por otro lado, la patronal avisa de que "esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del TJUE de fecha 21 de diciembre de 2016". 

Como explicó EL ESPAÑOL-Invertia, la enmienda transaccional se ha pactado entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, con conocimiento del Gobierno. 

Recoge un nuevo redactado en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo relativo al despido colectivo.

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Además, "constatará que la documentación presentada" por la empresa "se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir". 

Si bien ya es obligatorio que la Inspección emita un informe preceptivo sobre los despidos colectivos que quieran hacer las empresas, en este caso la novedad es que tendrá que evaluar si la empresa cuenta con razones suficientes y justificadas como para pedir el ERE.