Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su despacho.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su despacho. Carmen Suárez Madrid

Empleo

Pepe Álvarez (UGT): "No es razonable que en el Congreso piensen que pueden mejorar la reforma laboral"

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia avisa de que el sindicato va a ser una "gota malaya" y seguirá reclamando la reforma del despido.  

22 enero, 2022 05:30

A pesar de que se llama José María Álvarez, su 'nombre de guerra' sindical, de manera formal e informal, es Pepe Álvarez (1956). El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) muestra satisfacción con el acuerdo logrado en la reforma laboral y rechaza las críticas que están llegando desde las fuerzas progresistas del Congreso de los Diputados.

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Álvarez valora el pacto alcanzado en el seno del Diálogo Social, aunque asegura que el sindicato mantendrá su aspiración de reformar el despido este mismo 2022. En cambio, da por hecho que el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI no será posible en esta legislatura.

El sindicalista nos atiende en su despacho en la icónica sede que tiene UGT en Avenida de América madrileña, vistiendo uno de sus no menos incónicos pañuelos. ¿Qué secreto se esconde tras el uso de esta prenda? Esta y otras incógnitas quedan reveladas.  

¿Dónde se compra los pañuelos?

Pues no tengo ningún sitio en concreto o exclusivo. De donde tengo más pañuelos es de una tienda cuya fábrica ha cerrado en la pandemia. Casi todos son regalo de mis sobrinas.

¿De dónde sale esa tradición? Ha logrado que asociemos al líder de UGT con el pañuelo.

Es por mi debilidad en la garganta. Es algo que vengo haciendo desde mi época en Cataluña, cuando el pañuelo estaba de moda. En Madrid los medios me ayudáis bastante, porque se ha convertido en un símbolo y lo cuido un poco más.

¿Es usted más de pañuelo palestino, pasmina o pañuelo de seda?

De seda solo tengo uno, que me regalaron: es la bandera del Orgullo. Soy de pañuelo de mercadillo muchas veces.

Entrevista a Pepe Álvarez

Mercadeo es lo que parece que está habiendo en el Congreso con la reforma laboral. Puede que al texto que se pactó en el Diálogo Social cambie en la Cámara Baja, por la negociación con los partidos.

Me parece que lo razonable sería que no se cambiara nada. Es más: lo lógico, desde mi punto de vista, es que no hubiera tramitación parlamentaria. Es una reforma muy trabajada, con cientos de horas en la mesa de la negociación. Una mesa en la que estaban las personas que más saben de relaciones laborales de este país, tanto de la patronal como de las organizaciones sindicales y del Gobierno. Cada coma se ha pensado. No me parece razonable que en el Congreso alguien pueda pensar que puede mejorar lo negociado.

Hay un error de fondo por parte de las organizaciones políticas. No se trata de enmendar con cosas que no hemos negociado. Se trata, en todo caso, de discutir lo que hemos acordado y que va en el real decreto-ley. Si los partidos políticos quieren hacer nuevas reformas, tienen todo el derecho y todas las posibilidades de hacer iniciativas legislativas cuando quieran. Si las formaciones que han dado soporte al Gobierno para constituir el Gobierno actual quieren, todos los días tienen abiertas mesas de negociación en las que se pueden incluir estos asuntos.

De hecho, veo curioso que en los Presupuestos Generales del Estado, que es la gran ley y que lo reforman casi todo, no haya sido objeto de debate ninguna de las cosas que se están planteando. Ni en estos ni en los anteriores.

Y ahora se quieren poner sombras sobre una reforma que en lo reformado difícilmente es mejorable, con un cierto consenso entre las partes, claro. Si solo lo ves desde la perspectiva de parte, yo también lo cambiaría, pero la gracia de una reforma de estas características es que cuente con un consenso de base.

Lo razonable sería que la reforma laboral no pasara tramitación parlamentaria

A mí hablar del precio del despido me parece bien, pero en la mesa de negociación no hemos llegado a ese capítulo. Hablar de cómo se tramitan los ERE me parece muy bien, pero tampoco hemos llegado ahí. Y es un capítulo que igual la vida política, sobre todo del ámbito nacionalista de Euskadi, dan por cerrado, pero nosotros no.

Me gustaría que habláramos de lo que va en el real decreto-ley, no de lo que falta. El real decreto está vigente hoy. Los diputados tienen que ser conscientes de que hay trabajadores y trabajadoras que van a tener incrementos de salarios de entre 150 y 300 euros gracias al acuerdo que ningunean algunos. Este es el caso de las camareras de piso, las ‘kellys’, en algunas provincias en las que trabajan en multisectoriales, que pasarán a cobrar según el convenio sectorial y no el de empresa.

Alguien les va a tener que explicar que cobrarán este aumento en el mes de enero pero no en febrero, si el Congreso no convalida el real decreto-ley. Esta es la parte que la vida política no ha asimilado.

También va a ser muy importante el cambio en materia de contratación. En noviembre se hicieron 2,3 millones de contratos para consolidar 78.000 empleos nuevos. ¿Qué pasa si en el próximo noviembre, para consolidar estos puestos de trabajo, en vez de hacer más de dos millones de contratos se hace medio millón? Ese es el camino de esta reforma. No se debe pensar en lo que no hay, sino lo que hay.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su despacho, durante la entrevista.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su despacho, durante la entrevista. Carmen Suárez Madrid

Me llama la atención esto que cuenta porque usted le ha puesto ‘ojitos’ a que sí se apruebe la prevalencia del convenio autonómico.

No le he puesto 'ojitos'. Le pondría muchos más a la recuperación de la autorización administrativa para los ERE. En todo caso, la negociación colectiva en España necesita una ley específica que articule los convenios colectivos. No se trata de que unos sean excluyentes de otros, sino de que sumen y de que en cascada se pueda efectuar la negociación colectiva.

El debate de la prevalencia de los convenios regionales o provinciales es un debate que no deja de esconder la necesidad de hacer una reforma más en profundidad que los articule. ¿Hay cosas que son comunes sectorialmente para todos los españoles y que deben de regularse en un convenio estatal? Seguro. ¿Hay cosas que pueden quedar abiertas para negociarlas en el ámbito autonómico? Seguro.

Eso es lo que yo creo que deberíamos de negociar y acordar en una ley que articule la negociación colectiva, en la que el peso de los grupos parlamentarios podría ser mayor. Ir ahora a hacer un cambio sobre lo que se legisló en 1992 no aporta nada. Pero si se aborda, no se debe hacer en el marco del real decreto de la reforma laboral, donde no se ha tratado este tema.

Lo cierto es que la CEOE puso sobre la mesa una serie de temas que no estaban en la negociación.

La negociación colectiva en España necesita una ley específica que articule los convenios colectivos

Pero no se negociaron. La CEOE fue con un documento que conocisteis los diarios y que se entregó en la mesa, pero no fue objeto de negociación. Además, el diálogo no ha terminado. Se ha cerrado en el momento en el que había que responder al memorándum que el Gobierno de España había enviado a la Comisión Europea, y se dio respuesta a los tres 'ítems' en los que había compromiso de negociar.

No es que hayamos puesto un punto y aparte o final. Hemos negociado lo que estábamos obligados a negociar por los compromisos de España con la Comisión. Sobre el resto de temas es posible que haya quien renuncie a dialogar. Nosotros no. Uno de los elementos fundamentales de la acción sindical en 2022 será volver a abrir una mesa que trate el resto de cuestiones que no han sido abordadas aún.

¿Cuáles serían, en orden de prioridades?

Desde luego, está todo lo que tiene que ver con las causas de despido, la manera de despedir, el precio del despido, los salarios de tramitación en los casos de despido… Es decir, este es el capítulo que está sin tocar en el proceso de negociación.

Dentro del Plan Anual Normativo del Gobierno no hay nada al respecto. Y, por lo que transmite el Ministerio de Trabajo, no está sobre la mesa tocar el despido.

Bueno, si miramos el plan del año anterior o el del anterior, tampoco estaba sobre la mesa tocar lo que estamos tocando. Si miramos cómo han quedado las negociaciones respecto a las pensiones, ni de lejos tenía el Gobierno la previsión de llegar hasta donde hemos llegado. ¿O es que no hemos escuchado todas las propuestas que hacía el ministro Escrivá cuando empezaron las negociaciones? El Ejecutivo tiene una línea, un calendario, y nosotros tenemos la obligación de intentar introducir estos elementos en ese calendario.

Vamos a ser como una gota malaya respecto a nuestras reclamaciones en el despido

Vamos a ser como una gota malaya. Cada día, en cada momento en el que tengamos oportunidad, vamos a situar estos elementos, no solo al Gobierno, sino a la opinión pública. Igual que hemos hecho con las pensiones, y lo hemos conseguido, igual que hemos hecho con la negociación colectiva, y lo hemos logrado. Nuestra guía de prioridades no la marca la agenda del Gobierno, la marcamos nosotros.

Dentro de lo que sí sabemos que se va a hacer es buscar una mayor flexibilidad de horarios. ¿Tiene alguna postura UGT al respecto?

Primero vamos a ver cómo se abordan. A la negociación sobre todo lo que tiene que ver con los horarios y su racionalidad vamos a ir con una postura positiva. Este es un proceso que nos parece interesantísimo, sobre todo para que esto tenga efectos positivos sobre el medioambiente, la vida familiar, la incorporación definitiva del hombre a las labores del hogar… Son cambios culturales que afrontaremos con una postura muy abierta.

Dentro de los compromisos del Gobierno para esta legislatura, ¿no echa de menos que no se haya iniciado la negociación del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta que en 2023 habrá elecciones? ¿Da tiempo a desarrollarlo?

No. Pero es que nosotros no hemos querido meternos en tan ardua empresa sin haber resuelto los elementos que estamos tratando, sin haber derogado las reformas del 2012. Ya éramos conscientes de que no daba tiempo. Ese es un debate que tiene connotaciones, en cierta medida, idílicas. Siempre que abrimos los grandes apartados parece que vamos a hacer cambios de gran profundidad, pero que son muy complejos.

Hay que quitar contradicciones que existen en el estatuto de los trabajadores actual entre unos artículos y otros. También será necesario soltar paja que era necesaria cuando se hizo, pero que hoy es obsoleta. Introducir las nuevas situaciones que hoy se producen como consecuencia de la digitalización. Todo esto es posible hacerlo con cierto consenso.

Ya éramos conscientes de que no daba tiempo a desarrollar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, es un debate con connotaciones idílicas

Pero si dejas fuera de este capítulo el coste del despido o sus causas el debate se va a atascar y no va a haber manera de abordar el estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Por eso creo que muy difícilmente, verá la luz en esta legislatura.

Está pendiente la negociación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022. ¿Sabe algo al respecto?

Sabemos lo que habéis publicado los medios y lo que se nos trasladó por parte del Ministerio de Trabajo de manera informal, no en una circular. La previsión es que se nos convoque la semana que viene. Queremos que esto se resuelva en un consejo de ministros de enero, si no en febrero. De forma inmediata, vaya.

El Gobierno en ningún caso nos ha transmitido que no tenga la intención de solventar esto. Es verdad que al haber coincidido con todo el proceso de la negociación de la reforma laboral, teniendo en cuenta que la CEOE no parece estar especialmente entusiasmada con subir el SMI a 1.000 euros al mes, igual era entendible cerrar diciembre sin irritar más a la patronal.

Pero, en cualquier caso, es evidente que esto no admite más esperas. El Gobierno debe gobernar. Nosotros no creemos que haya que ir a la firma de ningún acuerdo sobre el SMI. Pero debe resolver de acuerdo a los compromisos que ha adquirido, claro.

El informe de los expertos, si no recuerdo mal, dice que el SMI debía subir a los 996 euros mensuales.

El compromiso es 1.000 euros. Y el informe de los expertos no es la Biblia. Muchas cosas han pasado desde que se ha elaborado. El salario medio está calculado con datos de 2019. Es decir, que ha llovido. Además, hay una inflación del 6,7% y eso tiene que quedar reflejado en el SMI.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Carmen Suárez

Ustedes, además, creen que es el momento de cerrar ya un acuerdo para subir el SMI en 2023.

Ahí sí que sería necesaria la reunión y la negociación. Pero a estas alturas de la vida, a mí lo que me corre prisa es 2022. El 2023 es un año con buenas perspectivas. Yo si fuera patronal y no quisiera que se subiera el SMI, intentaría cerrarlo ya. Porque más adelante se va a dar un contexto que reforzará nuestras posiciones.

El SMI se va a convertir en uno de los elementos fundamentales de la vida económica y política de nuestro país. No hay que olvidar que en Alemania, cuyo SMI está en los 1.500 euros, va a subirlo un 25% en cuatro años. Lo que se va a imponer, en toda Europa, es que el salario mínimo vaya subiendo de forma exponencial.

Tanto UGT como CCOO han dado a entender que plantearán una cifra en torno al 3,1% para la subida salarial anual en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Lo que queremos en los convenios es que haya mantenimiento del poder adquisitivo. Para ello, tiene que haber al menos una cláusula de garantía de que habrá revisión salarial de acuerdo con la inflación, con el aumento del coste de la vida. En esos márgenes nos vamos a mover.

Es decir, que podrían ceder en cifras ante la patronal si se incluyera esta cláusula de garantía.

Claro, la garantía es tan importante como la cifra en un momento en el que la inflación está descontrolada. Hay que tejer un margen para el poder adquisitivo. No todos los sectores son iguales. Los hay que tienen un crecimiento económico muy importante que se puede trasladar a los salarios y otros que tienen unos sueldos muy bajos y que se tienen que recuperar. Hay una serie de cuestiones encima de la mesa y todavía no hemos concretado franjas. Queremos llegar a acuerdos con la patronal y somos flexibles.

Los convenios deben tener al menos una cláusula de garantía de que habrá revisión salarial de acuerdo con la inflación

La CEOE parece que maneja plantear una subida salarial anual del 2% por convenio.

No lo sé, no nos lo han dicho. Nadie de la CEOE nos ha comunicado nada al respecto. Con todo, creo que Antonio Garamendi ha llegado a la conclusión de que el proceso de negociación colectiva se está enquistando y hay que darle salida. Cuanto más tiempo tardemos en hacerlo, más cara será.

En estos momentos tenemos localizados procesos de negociación que empiezan a madurar, pero lo que madura es el conflicto, no la solución. En un mes, la patronal se puede encontrar con unos cuantos ‘Cádiz’, por el conflicto. Esto les forzaría a ir a una negociación y no en las mejores condiciones.

Yo he tenido una conversación con Garamendi y hemos quedado en que vamos a empezar a trabajar el tema. Que la patronal venga a la mesa de negociación con un 2% o más no me parece un mal principio. Pero el elemento que nos parece más importante es la cláusula de revisión.

Ya que menciona usted a Garamendi, ¿cómo valora las presiones políticas que ha recibido y está recibiendo la CEOE en los últimos meses?

Las he vivido con mucha tristeza. Me parece que la política no puede impedir los buenos actos para el conjunto del país. No se puede estar cada día abrazando la bandera y después, cuando de verdad hay un ejercicio de defensa de los ciudadanos y las empresas, se cuestione a la CEOE y se hagan campañas desaforadas e indignas contra su presidente. No es que lo quiera defender, porque igual no le viene bien lo que estoy diciendo, pero es que diría exactamente lo mismo si nos pasara a nosotros.

He vivido con mucha tristeza las presiones a Garamendi, la política no puede impedir los buenos actos para el conjunto del país

Pero hay contradicciones importantes dentro de la patronal. Es el caso de Foment del Treball, que se abstuvo en la votación de la reforma laboral pero está a favor de subir el SMI.

Bueno, hay mucho cortoplacismo de alas cortas. Conozco bastante al empresariado catalán, grandes pequeños y medianos, y dudo mucho que haya una mayoría que no esté de acuerdo con la reforma laboral. Embarrar el terreno por razones espurias al acuerdo no me parece razonable.

¿La Covid ha acercado a patronal y sindicatos en estos últimos dos años, o han sido las personas que hay al frente de los agentes sociales?

Ha sido un poco todo. Si no hubiera relación personal todo es mucho más difícil y complejo. La Covid nos obligó a contribuir, a ayudar a salir de una situación pandémica que requería acuerdos y aproximaciones. En este acuerdo que parecía tan difícil, el de la reforma laboral, creo que lo que nos ha acercado es la necesidad de poder ir a Europa con una posición común.

Los sindicatos y las patronales valoramos mucho la entrada de los recursos europeos del Plan de Recuperación en España y los efectos extremadamente positivos que pueden tener en la economía, y con los que la vida política frivoliza. Con la entrada de 72.000 millones de euros a fondo perdido seguramente adelantemos las inversiones de una buena parte de las empresas y de la Administración de los próximos 10 años.

Conseguir en tres años avanzar lo mismo que en 10 merece que todos hagamos un esfuerzo para que el Gobierno español pueda pisar con peso en las instituciones europeas y no perdamos ninguna oportunidad. Y eso ha pesado en las negociaciones de la reforma laboral.

La entrada de recursos europeos ha pesado en las negociaciones de la reforma laboral

Tenemos varias cuestiones pendientes en pensiones. Por ejemplo, el fondo público, en cuya supervisión tendrían un papel los sindicatos.

Nosotros damos por supuesto este papel. No es un atractivo, sino lo razonable para un país que pone en marcha un fondo de pensiones de titularidad pública pero privado. Aquí conviene decir las cosas por su nombre. Tenemos que ver cómo se regula. No solo quién lo controla sino también de qué manera garantizamos que sea un fondo de titularidad pública que no sea fácil de privatizar tras un cambio de Gobierno, o por el mismo que hay ahora.

Otros asuntos que se tienen que tratar en el campo de las pensiones: el destope de las cotizaciones y la ampliación del periodo de cómputo. ¿Les ha transmitido ya algo el equipo del ministro Escrivá?

El destope de las cotizaciones máximas hay que hacerlo por justicia. Tiene que ser similar a lo que ocurre en otras democracias europeas. En España, el tope es muy bajo comparado con cualquier país de nuestro entorno. Si se eleva el tope de cotización, hay que elevar la pensión máxima. Siempre tiene que tener relación con las cotizaciones, pero no será directa al ser el español un sistema de reparto y que tiende a fortalecer a los colectivos con cotizaciones más bajas.

Sobre los cambios para el cálculo de las pensiones, solo he oído hablar desde fuera. No tenemos agenda para discutirlo ni perspectivas de abrir una mesa en el año 2022 para tocar ese tema. Y lo que es más importante, no tenemos ninguna voluntad de negociar un aumento de años.

El destope de las cotizaciones máximas hay que hacerlo por justicia

Otra cosa muy diferente es lo que el ministro Escrivá ha explicado ya, que la edad de jubilación es rígida. Da igual que estés toda tu vida trabajando en la construcción, con un desgaste físico elevado, a que lo hayas hecho en un sector en el que hayas entrado más tarde. Vas a tener la misma edad de jubilación y a los mismos años mínimos de cotización.

El ministro también teoriza con otra cuestión. La esperanza de vida puede aumentar siete años según el barrio en el que vivas. ¿Por qué un trabajador de Vallecas le va a pagar la pensión a un autónomo empresario del barrio de Salamanca que va a vivir de media siete años más que él?

Pero las medias no son siempre las mismas: hay quien se come pollo y medio y quien se come medio pollo. Habrá gente del barrio de Salamanca que trabaja en el sector de la construcción que no vivirá siete años más que la de Vallecas.

Pero estos no son debates que vayamos a resolver en 2022, sino que requerirán mucho trabajo, mucho estudio, y saber si la Seguridad Social está preparada para poder administrar esa información de manera fehaciente. 

¿Cuál es la posición de UGT respecto a la última propuesta que se ha hecho para que los autónomos coticen por sus ingresos reales?

Cuando vamos a un cambio de sistema, tenemos que asumir que vamos a un cambio de sistema. Aquí se trata de que el trabajador por cuenta ajena de verdad tenga una cotización en relación con los emolumentos que recibe. A estos autónomos no les va a subir la cotización. Es más, hay una parte importante a la que le va a bajar.

Pero es razonable que aquellos autónomos que tienen una empresa y emolumentos muy altos coticen de acuerdo a ellos. Ese es el cambio que habíamos pedido. Pero las organizaciones de autónomos de organizaciones empresariales no tienen la misma visión que los autónomos por cuenta ajena que casi nunca tienen empleados. Ahí está el punto de fricción.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Carmen Suárez

El sindicato ha sido objeto de una estafa que ha llevado a dimitir al presidente de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo.  ¿En qué situación está la investigación interna del caso, que se ha trasladado ya a la fiscalía?

No es agradable nunca ir a la fiscalía a denunciar una estafa, que es lo que se ha producido en UGT Madrid. Nada tiene que ver con el Fogasa ni con ninguna institución pública, sino que ha afectado a los afiliados y las afiliadas de UGT.

Lo que se ha desmontado fue concretamente un desvío de dinero. La trama ha sido descubierta por la comisión ejecutiva confederal y hemos aceptado la dimisión de toda la dirección de UGT Madrid. Nos parece que para poder hacer una investigación interna y poder servir toda la información necesaria a la fiscalía hay que facilitar la situación.

¿Se han encontrado sorpresas desagradables en la investigación interna?

La trama en sí ya es una sorpresa desagradable. Sabemos que hay una persona del sindicato sobre la que ha pivotado el desfalco, pero es evidente que no ha podido ser solo ella. Tenemos abierta una investigación cuyo contenido estamos trasladando a la fiscalía, teniendo en cuenta nuestros límites para poder acceder a los bancos y a los talones que es el sistema que se ha utilizado para hacer el fraude.

Aquí vamos a ver cuánto dinero se ha estafado. Aunque esa información ya la empezamos a tener porque la auditoría de gestión económica da frutos.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

No tenemos cifras concluyentes aún. Hablamos de cientos de miles de euros. Es posible que de más de un millón de euros. Es algo que tiene que determinar la auditoría interna que ya alcanza a los años 2015 y 2016, y si hay que ir más atrás se irá.

Esta es la nueva línea de actuación de la UGT. No solo vamos a llevar a cabo investigaciones y depurar responsabilidades a nivel interno, sino que vamos a instar a que la fiscalía y los jueces tengan la ocasión de condenar y obligar a devolvernos lo que nos han quitado. Demuestra la voluntad de la dirección del sindicato y la transparencia absoluta en el empleo de los recursos económicos.

Ningún miembro de la dirección de UGT Madrid estaría vinculado, por ahora. Nos pareció muy loable que presentaran la dimisión de manera colectiva para facilitar la investigación.