Antes de la pandemia, en los no tan lejanos inicios de 2020, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos daba sus primeros pasos con, al menos, dos objetivos claros dentro de su programa de legislatura: derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP en 2021 y modernizar el mercado del trabajo en España y cambiar el modelo público de pensiones, con el objetivo de lograr su sostenibilidad y suficiencia financiera. 

Ya por entonces, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá (responsables de las ramas de Trabajo y Seguridad Social) pusieron en marcha los engranajes para llevar a cabo estas modificaciones legislativas, consideradas por el Ejecutivo como claves para su mandato. 

Sin embargo, la pandemia truncó los primeros pasos de ambas reformas, que tuvieron que pasar a un segundo plano temporal debido a la crisis del coronavirus. Con todo, finalmente, se han acabado convirtiéndose en parte del plan para salir de la pandemia y rescatar a la economía española. 

En esta estrategia serán fundamentales los 69.500 millones de euros que España recibirá a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia durante los próximos años. Y en los pagos de 2022 (concretamente, 13.000 millones que la Comisión Europea tendría que abonar en el primer trimestre), una de las condiciones es que la reforma laboral y de las pensiones estén aprobadas antes, habiéndolas negociado antes con los agentes sociales. 

Salvo catástrofe social y política, a cierre de esta noticia, el Gobierno cumplirá con sus objetivos y tendrá ambas reformas aprobadas antes de que acabe 2021, y con acuerdos (aunque parciales) con patronal y sindicatos. Pactos históricos en un año con negociaciones sociales intensas y constantes como no se recuerdan, en las que se han tratado otros asuntos como las sucesivas prórrogas de los ERTE o la Ley Rider. 

La 'maratón' laboral

Aunque todavía no está cerrada con los agentes sociales, la reforma laboral de Yolanda Díaz se da por hecha. Seguramente será muy diferente a como la hoy vicepresidenta de Gobierno la pensó y la diseñó en un principio, justo antes de que se declarara la pandemia de la Covid. 

Todo ello, teniendo en el foco, principalmente, revertir la temporalidad del mercado laboral español. España es el país con más trabajo temporal de la Unión Europea. Uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal. De hecho, en 2019 hubo 5,4 millones de relaciones laborales de un solo día. 

Se quiere dar la vuelta a esta situación. Tras la reforma, los contratos laborales se presumirán indefinidos por anticipado y solo se permitirán dos causas para firmarlos temporales: por circunstancias de la producción y por sustitución de un trabajador. Dentro de los primeros se incluirán un nuevo contrato temporal para actividades ocasionales que no podrá exceder los tres meses de duración.

Además, ya se ha cerrado un contrato especial para el sector de la construcción y también marcha por buen camino la negociación de los nuevos ERTE, el llamado Mecanismo Red.

Yolanda Díaz y Antonio Garamendi.

No parece tan embridado lo relacionado con la negociación colectiva. Es decir, con la derogación de los aspectos considerados 'más lesivos' de la reforma de 2012. Aquí entran la primacía del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad de los convenios. 

La negociación de la reforma laboral ha dado muchas vueltas, precisamente por lo relacionado con la reversión de las medidas aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Se trata de un aspecto que ha generado particulares roces con la patronal y, también, entre la propia Díaz y la vicepresidenta primera Nadia Calviño. 

El mayor de todos ellos se produjo en octubre. Coincidiendo con el Congreso de CCOO, Calviño reclamó más poderes en la reforma laboral, poniendo en duda meses de negociaciones (se habían retomado en marzo de este año). El nivel de tensión generado fue de tal calibre que tuvo que intervenir el propio Pedro Sánchez, que lo hizo del lado de Calviño. 

Desde entonces, en la negociación con los agentes sociales, participan, además de un representante del Ministerio de Trabajo, otros departamentos como Economía y Seguridad Social. Una situación que podría haber provocado el encallamiento del Diálogo pero que, con todo, está saliendo adelante. 

José Luis Escrivá con Antonio Garamendi y Fátima Báñez.

En cambio, la primera pata de la reforma de las pensiones (hay una segunda parte que se abordará a lo largo de 2022) hace ya meses que está cerrada. Concretamente, a finales de junio José Luis Escrivá llegó a un acuerdo con patronal y sindicatos para, en esencia, vincular la subida de estas prestaciones al IPC (algo que se empezará a notar en 2022) y elevar la edad efectiva de jubilación para que se acerque a la oficial, de 67 años en 2027. 

¿Cómo se plantea esto? Con medidas para incentivar la jubilación demorada y aumentar los años de trabajo y el aumento del 'castigo' por la jubilación anticipada en años clave. A esto se suman otras fórmulas, como prohibir la jubilación forzosa de los convenios colectivos en edades inferiores a los 68 años.

Además, se 'amarra' la futura sostenibilidad del sistema de pensiones con transferencias directas desde el Estado a la Seguridad Social a cuenta de los gastos impropios que suele asumir su tesorería. En 2022, dicha transferencia será superior a los 18.000 millones de euros.   

Todo esto fue acordado con patronal y sindicatos. En cambio, la CEOE rechazó el último paso de esta reforma de las pensiones: la derogación del factor de sostenibilidad del Partido Popular por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Dicho mecanismo consiste en subir las cotizaciones durante diez años, con mayor peso por el lado de las empresas. No ha faltado polémica para esta medida, que se considera insuficiente para el objetivo: cubrir el impacto en el sistema público de pensiones de la llegada de la generación del 'baby boom'. 

Con todo, son múltiples los frentes que tiene abierto todavía el ministerio que dirige José Luis Escrivá. Durante el próximo año, el departamento tiene que cerrar tanto las cotizaciones por ingresos reales para autónomos como el fondo público de pensiones que está desarrollando. Y la mayor 'patata caliente' todas: el aumento del periodo de cálculo de las pensiones. Pero todo esto queda para 2022.