El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la reforma de pensiones del Gobierno. O más bien, la primera pata de la reforma de las pensiones, puesto que todavía hay medidas por negociar en el Diálogo Social (como la ampliación del periodo de cómputo) que se aprobarán en 2022. 

El proyecto de ley ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC. El PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el BNG han votado en contra, mientras que EH-Bildu se ha abstenido.

La reforma, que todavía ha de tramitarse en el Senado, tiene un espíritu muy claro: derogar la que hizo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2013, poniendo fin a un factor de sostenibilidad que nunca se llegó a aplicar y automatizando la subida de estas prestaciones contributivas con el IPC, un aumento que para 2022 será del 2,5%. 

Dentro de esta reforma, también se incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que, entre otras cosas, consiste en subir en 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los 'baby boomers'. Esta parte de la reforma solo se ha acordado con los sindicatos, no con la patronal. 

La reforma también contempla una batería de incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal (67 años en 2027) y que los gastos impropios de la Seguridad Social sean abonados por el Ministerio de Hacienda a través de la correspondiente transferencia. 

Enmiendas

El texto finalmente ha incluido enmiendas del Congreso. A instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajenos al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los 'números rojos' del sistema.

Otros cambios incorporados en fase de ponencia son la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.

También hay una mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente al mandatar al Gobierno a abordar una revisión de los criterios para determinar sus cuantías con el fin de garantizar su suficiencia.

Así, según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, el Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.