La estrategia para reducir la temporalidad en el sector público se encuentra entre las principales preocupaciones del Gobierno. Así lo ha indicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, quien ha recordado que la tasa de temporalidad en las Administraciones en el 30%. El proyecto de ley para regularizar interinos será clave para ello.

Precisamente, Montero ha defendido una de las medidas más polémicas ya incluidas en el proyecto, que se está tramitando en el Congreso: que los interinos que lleven desde antes de 2016 ocupando su plaza de forma ininterrumpida accedan a ella sin tener que someterse a una prueba de oposición, solo con un concurso de méritos. 

"Va en línea con las decisiones judiciales", ha indicado Montero, durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública del Congreso de los Diputados. Con todo, cabe recordar que lo que dicen los tribunales, tanto los europeos como el Supremo, es que se tendría que otorgar plaza a todos los funcionarios interinos que lleven ocupando plaza más de tres años, no cinco o seis, como aparece en el proyecto. 

Antes de 2022

Para abordar la situación de temporalidad del sector público, Montero ha indicado que todas las convocatorias públicas de empleo se tendrán que hacer, en todas las administraciones, antes de que acabe 2022. En este sentido, ha indicado que parte sus objetivos al frente de esta área es que estas tramitaciones sean mucho más rápidas de lo que suelen ser, y que no duren "dos, tres o incluso cuatro años".

Por otro lado, María Jesús Montero ha expresado su preocupación por que en nueve años se jubilará el 57% de los empleados públicos. Esto se debe a la escasa tasa de reposición de los últimos años, y que solo se ha incrementado, defiende, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia de Gobierno. 

De hecho, para corregir este camino, para 2022 la tasa de reposición general será del 110% en general; del 120% en sanidad, en enseñanza y en ciencia, ty del 125% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas. 

Recuerda, así mismo, que su departamento trabaja en una ley de Función Pública que actualice los cuerpos y perfiles y en un nuevo sistema de transparencia.