Pese al impacto en la temporada de verano de la quinta ola de Covid-19, el Gobierno quiere pasar página de la pandemia en términos de empleo en agosto y adelantar lo máximo posible la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante la presión de Unidas Podemos por aprobarla este año.

El Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones adelantó este martes que espera llegar a septiembre con una media de afiliación de 19,48 millones de personas. Un dato que, según destacó en una nota, "permitiría recuperar al final de mes aproximadamente el mismo nivel de empleo que existía en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia".

Se trata de una lectura que tiene truco. Primero porque las personas que están afectadas por un ERTE como consecuencia de la pandemia figuran como afiliados a la Seguridad Social pese a que no están trabajando. Y segundo porque en el último año, el sector público ha aumentado el empleo en 214.000 personas y desde 2019, en 245.000, según los datos de la última EPA recopilados por Fedea.

De hecho, aunque desde 2020 el empleo en el sector privado ha ido recuperándose, a cierre del segundo semestre todavía estaba a 378.000 puestos de trabajo de la situación prepandemia. Una cifra a la que habría que sumar los 286.000 trabajadores bajo ERTE que cuentan como ocupados pese a no trabajar.

Son precisamente los empresarios quienes se oponen a subir el SMI en la mesa del diálogo social en este momento de incertidumbre y fragilidad económica.

Sin embargo, los datos publicados por la Seguridad Social fueron aprovechados por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, para mostrar su disposición a que el SMI pueda subir pronto con el argumento de que el mercado laboral se está recuperando.

"Estos buenos datos nos permitirán retomar cuanto antes la senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional dado que la creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales es sin duda, la combinación más potente para tener una recuperación económica que sea reductora de las desigualdades que venimos arrastrando", afirmó Calviño en una rueda de prensa retransmitida este martes desde Cádiz.

Hasta ahora, su Ministerio ha venido lanzando mensajes de cautela ante esa subida para tratar de retrasar ese momento por considerar que lo que debe primar ahora es la recuperación del empleo tras el shock vivido por el mercado laboral en 2020.

No comparte esa opinión la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que abiertamente se ha posicionado a favor de no retrasar el incremento en el SMI para cumplir con urgencia con el compromiso de Gobierno de que alcance el 60% del salario medio antes de que acabe la legislatura.

Junto a la vicepresidenta primera, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también destacó este martes desde su cuenta de Twitter "el dinamismo del empleo" al avanzar que este mes cerrará con "un fuerte crecimiento de 80.000 afiliados".

Según destacó el ministro, agosto será el cuarto mes consecutivo de creación de empleo.

Además, recalcó que la temporada de verano ha permitido reducir el número de trabajadores de sectores ultraprotegidos de la situación de ERTE. De acuerdo con sus datos, transporte aéreo, servicios de alojamiento y agencias de viaje lideran la caída de trabajadores bajo ERTE anunciada este martes por su Departamento.

Sin embargo, esa recuperación del empleo sigue siendo dispar por comunidades autónomas, pese a que el turismo ha permitido mejorar los datos este mes de forma significativa en Baleares y Canarias, dos de las regiones más afectadas por las restricciones a la movilidad y a la interacción social que ha traído la Covid-19.

En los dos archipiélagos, el porcentaje de afiliados afectados por ERTE supera con creces la media nacional de 1,24%, con más de un 3% en Baleares y más de un 5,1% en Canarias.

También en Cataluña, la caída del turismo ha hecho que ese porcentaje esté por encima de la media nacional con un 1,30%. De hecho, es la comunidad autónoma con más personas bajo ERTE en este momento, con 55.618 afectados por esta situación.

En términos globales, desde el Ministerio de Seguridad Social se destacó que desde el pico de la tercera ola de la pandemia en febrero, el número de trabajadores en ERTE ha bajado en más de 600.000 personas. En los peores momentos de cierre económico, esa cifra llegó a alcanzar los 3,6 millones.

Además, hay 86.850 trabajadores suspendidos a tiempo parcial, con lo que los empleados en suspensión total bajo ERTE han caído por primera vez desde el inicio de la pandemia por debajo de los 200.000.

Se trata del umbral en el que algunos expertos consideran que podría encontrarse el suelo de la recuperación del empleo protegido bajo este mecanismo, dado que los cambios estructurales que ha traído la pandemia y los problemas que atraviesan algunas empresas por la larga duración de las restricciones hará que no todos los trabajadores bajo ERTE puedan volver a su antiguo empleo en el futuro.

Un suelo que desde el Gobierno, de momento, no se quiere señalar a la espera de que el 30 de septiembre finalice su última prórroga de los ERTE pactada con los agentes sociales.