Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo.

Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo.

Empleo

El Pacto de Toledo pide subir la edad de jubilación y desincentivar las anticipadas en la reforma de las pensiones

La comisión ha dado luz verde a sus recomendaciones en el Congreso de los Diputados tras las que debería comenzar la reforma de las pensiones. 

27 octubre, 2020 13:07

La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha dado el visto bueno a las recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones y poner el marcha los cambios correspondientes en estas prestaciones. 

Así, 11 años después del último acuerdo, el Pacto de Toledo ha aprobado este martes las 22 recomendaciones que servirán como base para la reforma de las pensiones públicos que ya ha activado el Gobierno. Con todo, estas recomendaciones todavía tienen que recibir el visto bueno del Pleno del Congreso

Las 22 recomendaciones solo han recibido un voto en contra, el de Vox, así como las abstenciones de EH-Bildu y ERC. En cambio, se han consolidado con los votos favorables de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts y PNV, en lo que está siendo el primer gran consenso, y acuerdo de Estado, de esta legislatura. 

Más edad de jubilación 

Entre las novedades que aporta el documento, se encuentra la intención de elevar la edad de jubilación efectiva (actualmente por debajo de los 63 años) para acercarla a la edad legal, que para 2027 estará en los 67 años (hoy en los 65).

Para ello, la estrategia que es desincentivar las jubilaciones anticipadas y mejorar las condiciones para atrasar la jubilación y aumentar la vida laboral de los trabajadores españoles.

Entre las recomendaciones que presumiblemente se aprobarán el martes se halla la ampliación del número de años necesarios para calcular la pensión, hasta 25 años en 2022. Con todo, se apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

También se aborda la inclusión del IPC como referencia para la revalorizaciones anuales de las pensiones públicas. También se avala el plan de Escrivá de que el Estado asuma de manera directa determinados gastos no contributivos, para así paliar el déficit de la Tesorería de la Seguridad Social.

Además, se recoge la necesidad de dar impulso a los planes sociales y colectivos de pensiones como tercera pata del sistema público. Además, la cotización por ingresos reales de los autónomos se gestionará como en la mesa de negociación del diálogo social y no será impuesta.