Fernando Cano Eduardo Ortega Socorro

Los rebrotes de coronavirus surgidos en las últimas semanas han vuelto a despertar las alarmas respecto de la recuperación de la economía. Esta circunstancia ha reactivado los peores temores de las empresas sobre su viabilidad y la sostenibilidad de sus estructuras de costes en el contexto de una nueva normalidad sin vacunas.

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Ante este contexto, muchas de ellas han retomado la idea de convertir sus actuales ERTE en futuros ERE. Según ha podido confirmar Invertia con diferentes despachos de abogados, un buen puñado de empresas -principalmente pequeñas y medianas- han planteado a sus asesores legales la posibilidad de comenzar el proceso y cerrar un ERE antes de que finalice el año.

El objetivo es convertir parte de los actuales contratos con suspensión de empleo o reducción de jornada en despidos permanentes y de esa manera, intentar capear el temporal económico que -creen- se avecina en los próximos meses, un contexto agravado por el descontrol actual de los rebrotes.

A principios de junio, Invertia contaba que las empresas habían multiplicado sus consultas sobre cómo pasar del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) a un expediente de regulación de empleo (ERE). Ahora se ha dado un paso adelante: ya están preparando con despachos de abogados los correspondientes despidos.

Durante todo el mes de agosto se han estado preparando los expedientes a la espera de que llegue el comienzo del nuevo curso para activarlos. Ya informamos de esta situación que -dos semanas después- parece ser una realidad y una decisión tomada en la mayoría de las empresas que se lo plantearon a finales de julio.

Número de despedidos

¿Se podría cuantificar el número de despidos? A finales de junio, los gestores administrativos estimaron que 52.000 empresas transformarían los ERTE por fuerza mayor en ERE antes de finalizar el año si no se adoptaban nuevas medidas, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el economista Daniel Lacalle estima que como mínimo el 30% de los actuales trabajadores en un ERTE se convertirá en los próximos meses en objeto de un ERE.  Si consideramos las últimas cifras aportadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicando que en la primera semana de agosto quedaban 959.000 trabajadores acogidos a ERTE, estaríamos hablando se un número de despedidos por encima de las 300.000 personas.

Los expertos indican además que la baja actividad de las empresas y los cierres producidos en las últimas semanas, podrían generar una avalancha de despidos que incluso podría estar por encima de este dato.

Y es que con una caída del 30% de las sociedades mercantiles creadas en junio,  negocios que están funcionando tras meses de apertura con un 40% de actividad y 84.000 pymes en el alambre, es probable que no haya más remedio que activar ERE para salvar los negocios.

En cualquier caso, en las actuales circunstancias, ninguna empresa acogida a un ERTE excepcional por el Covid-19 podría ejecutar despidos, al menos, hasta seis meses después de su final. Todo ello a no ser que la empresa esté en una situación tan precaria (cercana a la suspensión de pagos) como para que la reducción de plantilla sea su única vía de supervivencia.

Condiciones de los ERTE

En términos generales, los expertos consultados indican que las ayudas gubernamentales puestas sobre la mesa para realizar los ERTE excepcionales por el coronavirus frenan la posibilidad de realizar despidos masivos. La actual legislación hace que este ejercicio sea engorroso, que se retrase en el tiempo -hasta comienzos de 2021- y obliga a que cualquier ERE esté minuciosamente justificado.

No obstante, también advierten que la creciente incertidumbre, el aumento de los contagios y los temores a que la situación económica no mejore en el segundo semestre, hacen que las empresas elijan esta opción pese a las trabas burocráticas.

La clave está en definir los motivos que han justificado el ERTE. Es decir, si ha sido por causas Covid consideradas de fuerza mayor -y la Seguridad Social financia la prestación de desempleo del trabajador y parte o la totalidad de las cuotas sociales que tendría que abonar la empresa- o por razones sin relación con la pandemia.

En el segundo caso -un ERTE sin causas Covid- el ERE puede llevarse a cabo en cualquier momento salvo que se hubiese pactado lo contrario en el periodo de consultas del ERTE. No obstante, los despidos realizados cuando el ERTE sigue en vigor son improcedentes salvo que el ERE se fundamente en razones distintas de las que justificaron el ERTE o cuando la empresa no sea capaz de justificar que su situación ha empeorado de modo drástico.

También existen los casos del ERTE ETOP por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas derivadas del Covid -y no por fuerza mayor-. Estos expedientes tampoco son estrictos en cuanto a este compromiso de permanencia en el empleo para empresas que puedan entrar en concurso, o en función del sector o estacionalidad de la actividad. Pero debe estar muy justificado.

El incremento de trabajo de los bufetes se está dando ya incluso bajo la perspectiva de que los ERTE excepcionales se amplíen (en condiciones diferentes) hasta finales de año, tal y como ha sugerido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar julio la cifra de 3.773.034. Del mismo modo,según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.785.554 personas en julio, lo que representa un aumento de 161.217 cotizantes respecto a la media de junio (un 0,87% más).