Una oficina de Empleo, en Madrid.

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Empleo SMI

El SMI ha dañado el empleo en seis CCAA y debería ser un 30% inferior, según un estudio

Los flujos de empleo y paro de Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Asturias se han visto dañados.

9 marzo, 2020 03:00

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Mucho se ha hablado de las dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante los Gobiernos de Pedro Sánchez. Sin embargo, en el acumulado de los últimos cuatro años, el SMI ha subido en España un 45%.

Se trata de una evolución -que en 2019 fue histórica por el aumento del 22% de golpe- que ha tenido efectos negativos en el empleo de seis comunidades autónomas. En concreto, en Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Asturias, según un pormenorizado estudio de Freemarket Corporate Intelligence al que ha tenido acceso este periódico.

En España, el salario mediano es de 19.830 euros al año, según el INE. Se trata de un 60% más de lo que es el SMI fijado por el Gobierno, pero en las comunidades con menor poder adquisitivo, la relación alcanza el 80%, llegando en algún caso a ser más del doble del salario mínimo.

Freemarket concluye que las comunidades con un salario medio inferior al de la media del país han sido las más afectadas en sus flujos de empleo y paro por esa subida salarial, que en 2020 ha sido de 50 euros mensuales, a los que también hay que sumar el aumento de las bases mínimas de cotización.

En el otro extremo, en el que menos ha afectado ese incremento por decreto, figurarían las comunidades más ricas: Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco.

Según la consultora de análisis económico que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós, el SMI debería determinarse en función de la renta disponible por habitante. De este modo, en el caso español, las cifras no casan en relación a otros países como Alemania.

En España, el SMI es un 96% del alemán, mientras que nuestra renta disponible es tan solo el 68% de la que disfrutan en Alemania.

Siguiendo esos parámetros, el estudio titulado ¿Hacia una contrarreforma laboral? concluye que el salario mínimo adecuado para España según la regresión de los SMI de Europa debería ser de unos 10.200 euros anuales. De este modo, "los 12.600 euros del año pasado, en lugar de incrementarlos habría que haberlos reducido" para acercarlo a los parámetros que se emplean en el resto de la UE, afirma el informe. 

Ejemplos en EEUU

El documento se detiene también a analizar informes que han estudiado los efectos de los SMI en distintos Estados de norteamérica y han concluido que sí afectan al empleo, en concreto al de los grupos más sujetos a esta franja retributiva, que suelen ser las mujeres con trabajos a tiempo parcial y jovenes entre 18 y 21 años.

En el caso español, los efectos del SMI no han sido solo una menor creación de empleo, también han provocado reducciones de jornada laboral, prolongación de los tiempos de paro dela actividad, un aumento de la temporalidad y una sustitución delos contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial, advierte el informe.

"El SMI tiene un impacto negativo sobre una serie de colectivos y además muestra una capacidad bastante limitada para reducir la desigualdad o la pobreza laboral", advierte el estudio.

Según los últimos datos del paro de febrero, el empleo agrario y el del hogar siguen a la baja en España. Mientras que las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron ese mes a nivel general, en el caso concreto de estos dos sectores se ha perdido empleo. En concreto un 4,88% en el de los trabajadores del sector agrario y un 3,31% en el caso del Sistema Especial del Hogar.

Reforma laboral limitada

Por otra parte, este documento se detiene también a estudiar los efectos de la reforma laboral de 2012 y advierte que han sido mucho más limitados de lo que se quiere hacer ver. 

A pesar de que el Gobierno quiere derogar esta normativa, España sigue siendo uno países de la OCDE con menos flexibilidad en su mercado de trabajo, según Freemarket, que analiza cómo cualquier medida que ponga en marcha el Ejecutivo para introducir rigideces en el mercado de trabajo tendrá consecuencias negativas sobre la evolución del paro.

Por poner algún ejemplo, en el caso de los descuelgues de convenios colectivos, la medida tan solo ha afectado al 0.005% de los trabajadores. Es decir, de los 20 millones de ocupados que hay en España, sólo habría afectado a uno de cada 1.000 trabajadores.

Los expertos del informe también advierten de que la judicialización de los despidos ha hecho que los empresarios reduzcan el uso de muchas de las medidas que el Gobierno del PP puso a disposición de las empresas.

Y el escenario actual, el de la derogación de la reforma en un contexto de desaceleración, hace que sus efectos de dinamizar la creación de empleo sean cada vez más limitados, como se ha demostrado con las últimas estadísticas del paro.