Las claves
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Hacienda retrasa hasta 2027 la entrada en vigor del sistema de facturación digital Verifactu para empresas y autónomos, dando un año más de margen para su adaptación.
El sistema Verifactu será obligatorio desde el 1 de enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y desde el 1 de julio para el resto.
Verifactu exige que los sistemas informáticos de facturación generen registros inalterables y accesibles para la Agencia Tributaria; no afecta a quienes facturan manualmente.
El Gobierno también flexibiliza las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos durante 2025, 2026 y 2027, facilitando la inversión en servicios esenciales y proyectos no recurrentes.
El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las empresas. El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida, que ha aprobado este martes como parte de un real decreto-ley.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado en la mañana de este martes que el Consejo de Ministros aprobaría esta medida, que es uno de los compromisos pendientes con Junts.
La ampliación del plazo para aplicar Verifactu será de un año, tal y como ha confirmado Pilar Alegría, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
Esto implica que el nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto. "Se da más margen a ames y autónomos para adaptarse al nuevo sistema", detallan fuentes de Hacienda.
El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación -salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra-. Con todo, no afectan a quienes facturan de manera manual.
Dentro del citado real decreto-ley, el Gobierno ha flexibilizado las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.
De esta manera, los ayuntamientos tendrán más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente". Esta flexibilización se aplicará en lo que queda de 2025, en 2026 y 2027.
En un comunicado, Hacienda pone como ejemplos de inversiones financieramente sostenibles la prestación de servicios esenciales como pueden ser el alcantarillado, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o el alumbrado público.
También la mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, las infraestructuras de transporte, los centros docentes, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos o la sociedad de la información, entre otros ámbitos.