Sánchez se volcará en la gestión de los 85.000M pendientes de fondos UE hasta 2027 para paliar la falta de Presupuestos

Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ha sido un balón de oxígeno que permitirá pedir antes de que acabe el año el sexto pago. El objetivo es dar un impulso grande en el tramo final de su calendario, que caduca en diciembre de 2026.

El riesgo que afronta esa estrategia es el retraso que acumula la ejecución real de las subvenciones y créditos hasta ahora recibidos, que no llega al 30% y se ha visto desacelerada en la primera mitad de 2025 ante la falta de reformas legislativas.

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Pero con los últimos datos disponibles y después de los 23.100 millones recibidos en agosto, España acumula 55.000 millones de la UE en fondos no reembolsables y algo más de 16.000 millones en créditos.

Eso supone que, a falta de diez meses para que se cierre el plazo, ha llegado a nuestro país el 70% de los casi 80.000 millones de ayudas a fondo perdido previstas y apenas una quinta parte del dinero en créditos a tipos bajos (83.000 millones), que habría que devolver.

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Faltarían por llegar a España y gestionar 85.000 millones (25.000 en subvenciones y más de 60.000 en créditos), prácticamente la mitad del total estipulado hace cuatro años, con el añadido de la Adenda posterior.

El problema detectado por organismos como la Airef o Funcas, entre otros, es que en la llegada real de ese dinero a la economía en forma de inversiones no se ha superado el 25% en los años completos contemplados. La media acumulada de ejecución sube al 28% por los seis primeros meses de 2021.

El último informe de Funcas publicado el pasado mes de septiembre advertía que llegar a cubrir todos los fondos, "es un desafío colosal en tan corto periodo". Desde la Airef ya se ha alertado del riesgo de que algunos proyectos no se completen o no se pueda acaparar la totalidad de los préstamos disponibles.

Si en lugar de hablar de datos ejecutados, nos fijamos en las adjudicaciones comprometidas, el dato del portal 'Elisa' marca más de 56.000 millones, en ayudas y créditos. Eso elevaría el porcentaje de un futuro cumplimiento cuando llegue a sus correspondientes PERTE, pero sigue estando lejos de los 163.000 millones totales disponibles en esas dos partidas.

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Algunas iniciativas como los fondos ICO o los préstamos tamizados a través de otras instituciones, como Cofides, pueden servir para acaparar una buena parte de los préstamos en fecha límite, pero llegar a los 83.000 millones previstos será complicado.

De otro lado, fuentes cercanas al Gobierno han dejado caer ya la prioridad de que, al menos, se reciban todas las subvenciones, de las que quedan 25.000 millones por llegar entre el sexto y el noveno pago del calendario previsto.

A pesar de ese escenario apretado para aprovechar el chorro de fondos UE, el propio Sánchez reconocía esta semana en una entrevista que se encuentra "cómodo" con la situación actual de prórroga si no logra aprobar los Presupuestos. Su prioridad es gestionar los Fondos UE hasta finales de 2026, para finalizar la legislatura al año siguiente.

La Comisión Europea ha metido prisas a los países más rezagados en la ejecución de los fondos y fuentes consultadas en varios ministerios aseguran que esa premura ha llegado 'aguas abajo' a las carteras más rezagadas en cumplir con las cifras asignadas y no ejecutadas.

Sin prisa con los PGE

Mientras ese proceso sigue en marcha, desde el Gobierno avanzan despacio de cara a la presentación de los Presupuestos. Este mismo martes se ha cumplido el plazo para mandar a Bruselas el plan presupuestario, tal y como es preceptivo.

Lo normal es aprobar antes la senda del déficit y la deuda previstas para España a tres años vista, junto con el cuadro de previsiones macroeconómicos, para enviar a su evaluación a la UE. Y el proyecto de ley de Presupuestos presentado a 30 de septiembre.

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Organismos como la Airef han denunciado en varias ocasiones la falta de respeto a los plazos de este Gobierno, algo que hace imposible también su actividad fiscalizadora de las cuentas y las políticas públicas.

Frente a ello, ni siquiera en los dos últimos consejos de ministros se ha marcado fecha y forma para establecer esa previsión de deuda y déficit. Dada la debilidad del Gobierno para aprobarlos, se ha optado por negociar a priori con los grupos parlamentarios, para aprobar todo de una vez, Presupuesto y previsiones, si se puede.

El escenario es preocupante si tenemos en cuenta que la mayor parte de los organismos oficiales y servicios de estudios, pese a la revisión automática al alza del PIB para este año, auguran una freno económico importante en 2026 y 2027. Justo con el fin de los Fondos UE y en año electoral.

Será en ese contexto cuando hay que evaluar, además, si los fondos han servido para transformar el modelo económico español hacia la industria y los servicios de alto valor añadido, más allá del turismo y el consumo doméstico.

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Voces como las de la propia presidenta del BEI, Nadia Calviño, han alertado de la dificultad de aprobar esas reformas que den la vuelta a la economía, sin tener unos Presupuestos. Aun así, asegura que la ejecución de los Fondos en España se considera modélica en Europa.

A falta de más datos, la evolución del empleo trimestral que se vea en la Encuesta de Población Activa (EPA) del próximo 24 de octubre será clave para ver la tendencia de la economía a medio y largo plazo. Había 22 millones de ocupados en junio.